El 1 de enero del 2018 se han cumplido 32 años de la adhesión de España a la antaño CEE, UE desde el 1 de noviembre de 1993. Durante ese período los fondos dedicados a la Política Agraria Común han pasado del 75% del presupuesto europeo a algo más del 40%, hoy día. En el sexenio 2014-2020 la totalidad de los pagos directos al sector en el actual conjunto comunitario se situarán en unos 300.000 millones de euros, de los cuales un 12% aproximadamente atañen a España.
Sin embargo se prevé disponer de parte de esos nuevos fondos para atender otras políticas comunitarias de seguridad, inmigración y empleo. Medidas en las que la Comisión Europea aparece empeñada, habida cuenta que las contribuciones del Reino Unido de la Gran Bretaña al fondo común, que se calcula ascienden a unos 3.400 millones de euros anuales, están destinadas a extinguirse. Por lo que en línea con ello el sostenimiento de los pagos directos al sector agrario se dará con una más extensa distribución de las subvenciones entre las explotaciones agrarias, según estados miembros, conformando a grosso modo las vertientes principales sobre las que apoyar la elaboración de las políticas agrarias a partir de 2020, introduciendo cambios en la distribución de los fondos con el propósito de producir un mayor equilibrio en su reparto, en beneficio de las explotaciones pequeñas y medianas. No obstante los estados miembros tienen la posibilidad de limitar en 150.000 euros las ayudas que puedan recibir sus individualizadas explotaciones (aunque previamente la horquilla se fijó entre los 60.000 y los 100.000 euros.) En España se acuerda aplicar una reducción del 5% a partir de esa cifra mayor.
Mas la percepción de estos fondos aparece condicionada por el cumplimiento de los objetivos conservacionistas medioambientales, por incrementar la inversión en nuevas tecnologías, por estimular el cambio infraestructural, señalados indicadores de las directrices para mejorar las rentas del sector, a la par que se yuxtaponen nuevos instrumentos financieros y mecanismos de gestión de riesgos, apoyando la incorporación de jóvenes agricultores.
* Doctor ingeniero agrónomo. Licenciado en Derecho
