El envejecimiento progresivo de la plantilla docente en Córdoba y Andalucía es un hecho constatable. Solo hay que acudir a los datos publicados por este periódico hace unos días. Uno de cada tres profesores en nuestra provincia tiene más de 50 años. Una de las primeras razones por las que se ha llegado a esta situación es la demoledora tasa de reposición del 10% consignada por el Gobierno central. Esto supone que de cada 100 docentes que se jubilan al cabo del año únicamente 10 de esas plazas se sustituyen.

Nos parece lamentable que en los colegios e institutos públicos cordobeses se viva esta realidad. Consideramos que este elevado envejecimiento del profesorado supone un elemento más que va en contra de los cimientos de la enseñanza pública. Estos problemas se suman a los que sufren habitualmente los profesionales debido a los reiterados recortes a los que ha condenado la Administración a la educación pública en Andalucía y en Córdoba. Los docentes tratan en su día a día de brindar lo mejor de ellos mismos para conferir de calidad a la enseñanza pública y hacer frente a los numerosos déficits que padecemos y que la Administración no solo no atiende, sino que propicia.

Resulta significativo que en Andalucía cada día hay seis docentes que se retiran a pesar de haberse eliminado la jubilación voluntaria e incentivada. Nos parece bastante penoso que, después de una dilatada vida profesional, estos profesores no obtengan un justo reconocimiento a su labor. Sin duda, estamos perdiendo un gran capital humano con una valiosa carrera profesional, no tanto por su desgaste físico, sino porque no se sienten reconocidos, apoyados ni incentivados por la Administración educativa, ni por los dirigentes políticos ni por la sociedad en general. De forma perversa se está propiciando la desacreditación de la imagen del docente ante la opinión pública. Lamentablemente observamos que este ataque viene promovido por los dirigentes políticos. El síndrome del trabajador quemado es algo que se está extendiendo en las aulas, con profesores sometidos a un desprestigio social progresivo, con su labor siempre en cuestión y sufriendo un ataque frontal a sus condiciones retributivas y laborales.

Creemos que no sobra nadie en la enseñanza pública. Sería más positivo buscar fórmulas para aprovechar la dilatada trayectoria profesional de aquellos que toman la decisión de irse, además de arbitrarse medidas de promoción, de modo que esta experiencia pudiera servir para formar a los docentes del mañana. Mientras la Administración permanezca impasible y mantenga un criterio puramente economicista, les compensará que se retiren los docentes que acumulan más de 30 años de experiencia, al resultarles más cara su permanencia en las clases.

* Presidenta Sector Enseñanza CSIF Córdoba