Conforme a la Constitución y la ley (Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) los fiscales tenemos la obligación de defender los derechos de los ciudadanos y el interés general, velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. Ni más ni menos.
Sin embargo, a pesar de esta alta responsabilidad en el escenario de la justicia, el Ministerio Fiscal es el gran desconocido para la sociedad. Quizá algunos de sus principios rectores, como la dependencia jerárquica o la unidad de actuación, o la mala explicación de estos, han contribuido para que no lleguen a los ciudadanos la trascendencia de dichas actuaciones y la relevancia de estas para la defensa del Estado de derecho.
Los fiscales participamos en todo tipo de procesos y en todas las instancias, ya sean penales, o de otra índole como los que deciden los derechos de las personas dependientes, de los menores, en el área laboral, por los derechos fundamentales. Las víctimas son un capítulo fundamental en nuestras obligaciones como servidores públicos. Nuestra posición de garantes nos hace mucho más responsables ante eventuales omisiones.
Columna vertebral
El Ministerio Fiscal, por esas trascendentales competencias, se convierte en la columna vertebral del Estado de derecho, junto con los jueces y magistrados, pero diferenciada de ellos. Precisamente por ese motivo resulta cada vez más evidente y necesario que sus funciones se desarrollen en un marco de verdadera autonomía e independencia. Trabajar conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia, no significa sumisión ante cualquier posición o arbitrariedad, porque el único sometimiento es a la ley.
En España, el peso institucional de la Fiscalía se ha ido reduciendo hasta extremos inimaginables hace unos años. Las reformas procesales se suceden sin tener en cuenta nuestra función diversa, dificultándola y entorpeciendo un trabajo ya de por sí complicado. La implantación de las nuevas tecnologías se ha hecho de forma arbitraria a espaldas de la carrera fiscal, imponiendo un peso burocrático de muy difícil compatibilidad con las tareas encomendadas por la ley y la Constitución e incidiendo, en definitiva, en la degradación del servicio público de la justicia, apenas paliado por el ímprobo esfuerzo de sus componentes. Es más, no existe un plan profesional para una carrera que apenas tiene movilidad y cuya plantilla soporta unas cargas de trabajo que dificultan considerablemente la conciliación tanto con los hijos como con los familiares mayores.
Tiempo de cambio
Es tiempo de cambio en la Fiscalía española, y de que no se la instrumentalice al amparo de reformas legales que, en vez de favorecer, entorpecen el debido funcionamiento de la administración de Justicia. Por ejemplo, no debemos incurrir en el fácil recurso del olvido cuando analizamos los efectos de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 2015. Esta norma introdujo un sistema de plazos de instrucción que, de hecho, impide, en el tiempo previsto, que se desarrolle eficazmente una investigación penal compleja con garantías de solvencia y certidumbre, tal como exige la defensa de los derechos de la sociedad, para poder decir que está debidamente protegida por un sistema judicial eficiente.
La premura de esos plazos contribuye o puede contribuir a ampliar los márgenes de impunidad de un sistema ya bastante deficitario por otras múltiples razones. Trabajar contra reloj se convierte en el mejor vehículo para archivar las causas penales. Ese cambio necesario debe venir de la mano de una profunda reflexión con participación directa del Ministerio Fiscal para adoptar, de una vez, todos los instrumentos que hagan compatibles las garantías de los justiciables, los derechos de los mismos y los de las víctimas y la sociedad en general.
Son muchas las cosas que hay que resolver y que nos preocupan a los fiscales. Llevamos muchos años reclamando algo básico que es la independencia de la Fiscalía y la autonomía todos los profesionales que la componen. Los casos Púnica y Lezo supusieron una dura lucha para que el Consejo Fiscal finalmente hiciera pública una nota apoyando a los fiscales que veían menoscabada su capacidad de acción en detrimento de lo que debe ser una acción correcta de la Justicia. No se puede renunciar nunca a la autonomía de la carrera fiscal. Ni a la transparencia. Dependemos de un sistema jerárquico que no debe confundirse con un sometimiento acrítico, y por ello es indispensable diseñar un mecanismo que contrapese esa jerarquía y amplíe la autonomía e independencia para que prevalezcan las decisiones claras y diáfanas y se expulsen las oscuras o aquellas que pequen de injusticia.
Nombramientos transparentes
En este mismo marco de cambio, es de suma importancia que los nombramientos se rijan por el mas prístino principio de transparencia y publicidad, sin permitir la incidencia de actos sospechosos de preferencia o selección parcial. El mérito y la capacidad deben masticarse y no servir de excusas para favorecer otros criterios que, sin excepción, acaban por perjudicar al propio Ministerio Fiscal y por ende a la ciudadanía.
Si cuando se habla de los medios de la Justicia se califica a esta como la hermana pobre de la Administración, cuando se trata del Ministerio Fiscal la cuestión raya en lo demencial. Desde luego debo decir que nunca tan pocos hacen tanto, pero ello no puede justificar el desinterés por este tema desde las instancias políticas respectivas. En demasiadas ocasiones nos vemos obstaculizados por la escasez de medios debida a la mala distribución de cargas de trabajo o por un sistema informático inoperante. Eso lastra nuestro trabajo diario y obliga a que la respuesta para la resolución de los asuntos que abordamos no sea lo ágil que exige la protección de los derechos que están en juego. La desesperación es una realidad que, demasiadas veces, es nuestra compañera más fiel e incómoda.
Ahora, el 21 de marzo, se celebraránelecciones para el Consejo Fiscal, órgano consultivo y de asesoramiento del fiscal general del Estado, pero también el único representativo y democrático de la carrera fiscal. Quizá muchos consideren que tiene poca relevancia y que se trata de un tema corporativo. Quien crea esto comete un grave error porque en nuestras manos está proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía y exigir que esta situación de postración termine, alzar la voz en denuncia de las condiciones en las que muchos fiscales están desempeñando sus funciones, a veces en condiciones heróicas para que estas cambien; es una obligación y una responsabilidad.
En pleno siglo XXI, el Ministerio Fiscal debe iniciar una nueva etapa que le lleve a una mayor transparencia, autonomía, igualdad e independencia. Se trata de que sirvamos a la sociedad con las herramientas más adecuadas, aportando nuestro conocimiento y experiencia. Estas cosas son las que nos preocupan a los fiscales y las que nos enorgullecen al pertenecer a una profesión esencial para la defensa y consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho.
