A Susana Díaz se le complica la legislatura con el tema del Impuesto de Sucesiones. Un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas, para que con su gestión puedan financiar, en el caso de Andalucía, la sanidad, la educación y políticas sociales. Ese es el objetivo. Sin embargo, muchos andaluces pensamos que precisamente esas áreas de atención educativa, sanitaria y asistencial carecen de la calidad y servicios necesarios, no en vano se han realizado varias manifestaciones y movilizaciones no solo de los profesionales sino también de los usuarios de esos servicios, por las deficiencias en los mismos. Y resulta tremendamente contradictorio que precisamente muchos de los afectados por la imposibilidad del pago del impuesto de sucesiones son andaluces destinarios precisamente de políticas sociales. No vale, pues, el argumento político de que con la recaudación del impuesto de sucesiones se está invirtiendo en sanidad, educación o dependencia, ni el demagógico de que se hace pagar a los ricos y millonarios los servicios del resto de la ciudadanía. Eso hace ya tiempo que no cuela.

El impuesto de sucesiones es el tributo más injusto que tenemos. Se paga doblemente por unos bienes que siempre han sido nuestros. La casa familiar en la que nos criamos, reímos, vivimos, crecimos, la casa de nuestros padres, nuestra casa de toda la vida, por la que nuestros padres han tributado durante años, por el simple hecho del fallecimiento y pasar registralmente a nuestro nombre, se ha de pagar un impuesto, tremendamente injustificado. Además, en la mayoría de los casos no supone un enriquecimiento del heredero, sino un gravamen al tener que a hacerse cargo de la hipoteca que sobre la vivienda heredada aún está vigente, o tener la misma una antigüedad y desgaste que nada tiene que ver con el valor económico que la Junta de Andalucía le da a efectos del cálculo del impuesto. Y no solo es injusto, sino discriminatorio, pues dependiendo del lugar de residencia en el territorio español, se tributa más o menos, siendo los andaluces los que más pagamos por Sucesiones, en desigualdad por ejemplo con los madrileños que tienen una bonificación del 99%. Se vulnera un derecho fundamental como es el de igualdad de todos los españoles del art. 14 de la Constitución Española.

Es por ello, que muchos andaluces se ven en la necesidad de renunciar a lo propio, a lo que por naturaleza familiar les corresponde, porque no pueden pagar el impuesto de sucesiones que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y a cuyo gobierno corresponde modificar.

Por una parte, los populares, en la oposición, y quizás precisamente por ello, para atraerse a nuevos votantes, se posicionan al lado del ciudadano que pide la supresión del actual impuesto de sucesiones, y así deben defender esa postura por ser aquel discriminatorio e injusto, pero con la realidad de cumplir con ese compromiso y que no se quede en una promesa que no se lleve a cabo por excusas injustificadas; y por otra, no entiendo cómo los socialistas, siempre al lado del «obrero», y ciudadanos, y los de Podemos-Ganemos y similares que luchan contra las injusticias de la ciudadanía, no presionan como ellos saben hacer, para la modificación del impuesto, simplemente en defensa del derecho de igualdad de todos los españoles y de protección en particular de los andaluces. Algo raro e incomprensible.

* Abogada