Leo en las páginas de opinión del 17 de septiembre pasado un artículo de don Felipe Romero Pérez, decano del Colegio de Arquitectos, cuyo contenido es una réplica de un artículo mío anterior titulado "Intrusismo y competencia" en el que hacía una autocrítica a la profesión de arquitecto y consideraba lógico el mal momento que afronta esta y el equivocado camino corporativista que se está siguiendo para salvar los pocos muebles que quedan de ella. Como este es un tema que me imagino resulta desconocido para quienes estén ajenos al debate creado, intentaré explicarlo en dos líneas para que todos entiendan lo imprescindible como para poder opinar.
La actual Ley de Ordenación de la Edificación LOE distribuye las competencias para proyectar edificios entre los ingenieros y los arquitectos de modo que cada ingeniero o perito puede proyectar edificios en el campo de su especialidad y los arquitectos podemos proyectar en los ámbitos de todas las especialidades ingenieriles teniendo además competencia exclusiva en los edificios de usos residencial, sanitario y administrativo. Esto es, en líneas generales, lo que dice la LOE, lo cual fue una victoria legislativa de ese lobby o grupo de presión llamado Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España después de trece años de intrigas políticas y de peleas con otros colectivos, sobre todo con los aparejadores. Si nos remitimos al sentido propio de las palabras y reconocemos las competencias para proyectar solo en razón del uso del edificio (viviendas, administrativo, etcétera), habría que reconocer que proyectar una vivienda, por ejemplo, requiere poco menos que una ciencia oculta o esotérica que solo se da en las escuelas de arquitectura. O también habría que reconocer que por el mero hecho de tener el título de arquitecto ya se está en condiciones de poder proyectar, por ejemplo, un aeropuerto, una central nuclear o un puente colgante. Aunque vaya en contra de intereses corporativistas trasnochados, me parece que hay que reconocer cierta lógica en el borrador de la futura Ley de Servicios Profesionales, que pretende suprimir esas exclusividades, en cuanto a la habilitación para proyectar, a favor de un grupo --los arquitectos-- por cuanto, si se trata de hacer edificios, no se nos oculta que nadie tiene la varita mágica, y menos con los medios informáticos actuales.
De lo que no se ha enterado el señor Romero Pérez es que una cosa son los edificios y otra la arquitectura. Por desgracia, los arquitectos --los que tienen el título de arquitecto-- suelen hacer edificios, pero no arquitectura. Esto viene sucediendo desde hace muchísimos años. Basta abrir los ojos en medio de la ciudad y ver la mierda de arquitectura de que está hecha. Hay muchos edificios, pero apenas nada de arquitectura. Así las cosas, si desde la profesión de arquitecto se ha renunciado a hacer arquitectura, si lo que hacen los arquitectos no se diferencia nada de lo que podrían hacer otros técnicos, el razonamiento lógico es suprimir esos exclusivismos.
El señor Romero Pérez, junto con todos esos políticos de la arquitectura que son los directivos de los colegios profesionales, podrá hacer todo el lobby corporativo que desee; podrá enfrentar al subdirector general de Arquitectura y Edificación con el ministro Luis de Guindos; podrá hacer viajes a Madrid o a Sevilla para intrigar en los despachos de la Junta o del ministerio que quiera, podrá entender la defensa de la profesión como el ejercicio de una intensa labor de pasillo encaminada a conservar privilegios añejos inexplicables hoy día. Pero no es eso, que diría Ortega, no requiere la profesión una solución política. La arquitectura, hoy día, está desnaturalizada y la mayoría de los arquitectos, tienen el título, pero solo saben hacer edificios como los harían --o hacen-- los ingenieros. El ministro de Guindos solo ha pretendido llevar a la práctica lo que ya es un hecho: que la profesión de arquitecto hace tiempo ya que murió; hoy por hoy es apenas un cadáver deambulante.
Podrá entender el señor Romero Pérez que esto es una "crítica fácil negativa", pero no es eso, no. No se trata de apañar la futura Ley de Servicios Profesionales en beneficio corporativo, y a vivir. El problema viene de muy atrás y tiene una solución difícil que el citado decano ni siquiera ha atisbado: que en las escuelas de arquitectura se formen arquitectos, y que los arquitectos hagan edificios que sean arquitectura, no simplemente productos comerciales. Casi nada.
* Arquitecto
