La pasada semana hemos sabido que el Ayuntamiento de Córdoba dedica algo más de 110.000 euros diarios al pago de deuda municipal, fundamentalmente intereses tras las renegociaciones de los últimos gobiernos del Consistorio. 110.000 euros representan una sangría que, sin embargo, explica cómo las arcas públicas mantienen, junto al elevado desempleo y la precarización del existente, unos niveles aceptables de negocio en esta ciudad para bancos, grandes operadores turísticos y algunas constructoras (hoy volcadas también al sector servicios). Es el peaje que los cordobeses y las cordobesas son obligados a pagar por mantener una economía extractiva, poco amable con sus habitantes y con poca visión de reconstruir un tejido económico local en el medio plazo. No parece muy sostenible este campamento minero, como he razonado en otra ocasión en este periódico (14/12/2015).
El tema de cómo se ha abordado la deuda municipal en la última década ha sido singularmente pernicioso para el bienestar y el funcionamiento de la vida en esta ciudad. Tras la transición política, endeudamientos prudentes eran la consecuencia lógica de unas jóvenes administraciones locales que tenían que atender nuevas necesidades socioeconómicas. Posteriormente, el desarrollismo y el afán de llegar a capturar alguna porción de mercados globales desde Córdoba (en turismo, en explotar la ciudad como centro logístico, en abonar el terreno para las grandes cadenas comerciales) hizo emerger una deuda de tintes ilegítimos (deudas odiosas, según la jurisprudencia internacional nacida el pasado siglo). Al fin y al cabo, se trata de un endeudamiento no destinado a la satisfacción de necesidades, si no de unas élites, principalmente con intereses en el mundo inmobiliario, empresas que en algún caso han contribuido a ensanchar el agujero municipal a través de multas no pagadas. Efectivamente, decenas de millones de euros fueron dedicados con bastante “alegría financiera” a proyectos como la ampliación del estadio de fútbol, del aeropuerto o los nuevos suelos industriales; el entramado público Procórdoba fue enterrado, tras años de revisar sus facturas, junto con cerca de 15 millones de euros; accesos y rotondas se abrieron paso para llevarnos a nuevos parques industriales (hoy en desuso) o nuevos centros comerciales, entre otros. En línea con la agenda neoliberal impuesta en la última década, el anterior gobierno aumentó la deuda pero no generó inversión social alguna. La renegociación ofrecida por el Partido Popular fue una medida que, básicamente, nutrió las arcas de los grandes bancos: en el 2013, el BBVA recibía créditos del Banco Central Europeo por menos del 1% y concedía un crédito de 56 millones de euros a los cordobeses y cordobesas a un interés fijo del 6,25%.
Y, sin embargo, las deudas de las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) apenas constituyen el 5% de la deuda pública total del Estado español. ¿Por qué continua la sangría de unas entidades que, con la nueva Constitución española, nacieron como el tercer gran pilar de la Administración (junto al Gobierno central y los autonómicos)? ¿Y por qué ha existido tan poca transparencia y debate público de manera que es ahora, a iniciativa de la agrupación política Ganemos, que conocemos que pueden ahorrarse 38 millones de euros tan sólo con seguir las recomendaciones de “prudencia financiera” del Gobierno central? Nos deben explicaciones, los anteriores gobiernos municipales así como los centrales, de por qué se continúa con ese estrangulamiento político de las instituciones más próximas a la ciudadanía: los ajustes y el control presupuestario impuestos desde los gobiernos centrales, la retirada de funciones relativas al empleo o el bienestar en pequeños ayuntamientos a través de la llamada Ley Montoro, la premeditación y alevosía con la que han llevado la deuda pública total por encima del 100% del PIB para pagar la crisis y los rescates a grandes bancos, la cesión de soberanía política y económica a instancias de la Unión Europea como el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) que justificarán nuevos recortes, los cuales volverán a recaer sobre las ciudadanas y los ciudadanos de Córdoba, etc. En lo democrático, en lo económico y a las puertas de una forzosa transición en el manejo de recursos naturales, son muchas las deudas contraídas por una desarrollismo estéril y unas élites conniventes con turbios entramados empresariales. Necesitamos una auditoría social ciudadana de la deuda y de la gestión pública, un cambio de modelo productivo, retomar el pilar municipalista como un ejercicio de democracia en el conjunto de las administraciones y unas vías de financiación que abran inversiones sociales en Córdoba, no que las hipotequen. No debemos: nos deben.
* Profesor de Sociología en la
Universidad de Córdoba
