El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, compareció ayer ante la Comisión de Interior de la Cámara Baja, a petición propia y del PSOE, para explicar la reunión que el día 8 de marzo mantuvo en su despacho con Pablo González, encarcelado hace unos días junto con su hermano Ignacio, expresidente de la Comunidad de Madrid, por la operación Lezo. El exalcade de Córdoba y hoy número dos del Ministerio de Interior se mantuvo, pormenorizándola, en su explicación inicial de que se trató de un breve encuentro protocolario, previsto en agenda y a la vista de los funcionarios, en el que se abordaron temas relacionados con Mercasa. Sus explicaciones no han sido aceptadas por la oposición, y el PSOE ha llegado a pedir su dimisión. Será difícil saber más de lo ocurrido y si el episodio quedará finalmente en una incidencia del debate político, en el que, por cierto, Nieto abusó del victimismo y resultó en exceso agresivo en sus descalificaciones a los grupos de oposición y a los medios de comunicación. Desde Córdoba, donde conocemos su trayectoria, no nos podemos inclinar hacia ninguna de las interpretaciones más dañinas que legítimamente están planteando los demás partidos, pero él debería tener en cuenta la gravedad del clima nacional de desconfíanza sobre las instituciones --empezando por su propio Ministerio-- para poner menos ligereza y más cautela, responsabilidad y transparencia en su agenda.
