Llevamos décadas anunciando un negro futuro para el sistema público de pensiones en España. La crisis, con menos población activa y salarios más bajos, ha acelerado los desequilibrios demográficos. La hucha creada con el Pacto de Toledo está a punto de agotarse. Y hasta el momento, las únicas medidas que se ha tomado han sido la desindexación de la revalorización de las prestaciones limitándola a un máximo del 0,25 % anual y un ligero aumento en el techo de cotizaciones. El cóctel es explosivo: llegan a la jubilación quienes han cotizado más con los salarios de los años de bonanza económica en el momento en que la Seguridad Social recauda menos. Es, pues, el momento de acabar con la ambigüedad del sistema: las pensiones en España son de reparto y no de provisión. Y reconocer esta realidad exige medidas drásticas y urgentes que no pueden pasar solo por recortar derechos a los pensionistas: las prestaciones no contributivas deberían ir a cargo de los impuestos, los salarios altos deberían aumentar su contribución y el poder adquisitivo debería quedar garantizado por los presupuestos generales. No da la impresión de que el Gobierno ni los grupos parlamentarios entiendan la gravedad y urgencia de este problema que angustia a millones de españoles. El tono bajo de las comparecencias en la comisión del Pacto de Toledo solo se ha corregido por la sinceridad de los datos presentados por el presidente de la Airef.