Estaba claro que la dimisión planeaba sobre Cifuentes desde el tema del máster, no ya por la forma de haberlo obtenido, sino por haber mentido en las comparecencias que sobre ese tema realizaba. Resultaba vergonzoso oírle las explicaciones que daba, pasando la responsabilidad de ello a la Universidad Rey Juan Carlos, para luego, expresar públicamente y personalmente por carta dirigida al rector (algo llamativo), que renunciaba al discutido máster. La polémica iba en aumento, y como ello provocaba innumerables cambios en las webs oficiales de diversos cargos públicos de su currículos personales, parecía que la forzada dimisión se difuminaba, pues cada vez aparecían más políticos que profesionalmente no eran lo que decía su CV o no tenían los cursos o titulación que publicaban. Y claro, si uno cae en ese «error», con qué ética política va a exigir al otro responsabilidad por tener un currículum falso. Eso es una cosa, que tanto a unos como a otros se le ha de exigir responsabilidad, y que de mutuo propio han de abandonar el cargo público, pero otra muy distinta es la del bochornoso vídeo que ha dado lugar a la dimisión inminente de Cifuentes.
Es un vídeo que entiendo inmerecido se hiciera público, no justificando en manera alguna el hurto en establecimiento público. Pero el hecho de que haya sospecha del hurto, y para evitar vergüenza a esa persona delante del público al pedir explicaciones del hecho, se la lleve, como suele ser normal, a lugar privado del establecimiento, es porque se está protegiendo su privacidad. El registro se realiza con agente de seguridad, quien solicita explicaciones y vaciado del bolso, y todo ello, ante cámaras de seguridad para velar que tal registro se realiza legamente. El registro queda en la esfera personal de Cifuentes, se realiza en zona privada, sin asistencia de público y con visionado pertinente a los efectos legales, no para transcendencia pública, y para velar por el derecho a la inviolabilidad e intimidad de la persona que es registrada. Se realiza con el debido respeto a la dignidad de la persona.
Y si el registro realizado privadamente se hace así para protección de esos derechos, ¿hasta qué punto la publicidad del video del registro, no los vulnera?
Creo que la dimisión de Cifuentes era necesaria antes de este inmerecido vídeo, y que se ha de juzgar al político por su gestión pública e incluso por su actuación personal que en su gestión influya, pero aquí la situación es otra. El poder oscuro ha entrado en juego, si no, no se entiende que un vídeo de hace 7 años, que supuestamente estaba eliminado, salga a la luz ahora, para poner en evidencia, vergüenza e incluso humillación personal a la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid. No me gusta que gobierne quien miente, ya sea sobre su titulación y formación profesional como su gestión pública, y tampoco quien utiliza intereses ocultos para desprestigiar a alguien vulnerando la inviolabilidad e intimidad de la persona.
* Abogada
