Para qué sirven los pactos anticorrupción que firman los partidos? Al parecer, solo para arrojarse los casos unos a otros y para aplicar un doble rasero según a quién afecten. El último ejemplo es la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), investigado por la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la población. En aplicación del pacto de investidura, que exige separar de inmediato de cualquier cargo a imputados por corrupción política, Ciudadanos pide la dimisión de Sánchez, pero el PP, en contra de su pregonada apuesta por la transparencia, responde que no se trata de corrupción sino de un «error administrativo», cuando la jueza vio indicios de delitos de malversación, fraude y falsedad documental. Los dirigentes del PP, con Mariano Rajoy y su ministro de Justicia a la cabeza, se escudan en la defensa de la presunción de inocencia y remiten a la apertura del juicio oral el momento para que un imputado deje el cargo. Es discutible que por la simple imputación un político tenga que dimitir, pero no se pueden firmar pactos que la exijan para luego incumplirlos ni se puede pedir que se cumplan solo si afectan al rival. En el caso de Murcia, la cuestión es más grave porque su ley de transparencia también obliga a la dimisión y Sánchez, salpicado asimismo por el caso Púnica, se comprometió a renunciar si era imputado. Incumple el pacto y también su palabra.
