En la retractación está la trampa, en el sondeo dejado sobre el aire tupido de las frases dispersas. Rafael Catalá tenía muy claro lo que estaba diciendo este miércoles en el Círculo Ecuestre de Barcelona, refiriéndose a la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que se encuentren bajo investigación judicial. Lo tenía tan cristalino, entre otras cosas, porque su antecesor como ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ya lo planteó en 2013, estudiando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, con el follón mediático creado --a fin de cuentas, es una propuesta de censura previa en los medios de comunicación, y son razonables la indignación y el enojo de quienes ya se sienten amenazados de muerte--, Rafael Catalá da un tibio paso atrás y dice que se trata sólo de "un debate", como si eso aminorara el peso del desahucio jurídico que podría suponer, una especie de demolición definitiva del Estado de Derecho, esta nueva y audaz mordaza para la libertad de prensa.

Porque el miércoles, cuando fue preguntado sobre los "juicios paralelos" durante la conferencia, el ministro de Justicia proclamó que es necesario "sancionar con firmeza" a quienes, desde dentro de las instituciones, filtren información a la prensa, especialmente en casos que están siendo instruidos bajo secreto de sumario. Pero el ministro Catalá ya sabe --o debería saber-- que esa actuación criminal ya está tipificada en el Código penal, concretamente en el delito de revelación de secretos. O sea, que decir todo eso, como declaración o solución de esos presuntos "juicios paralelos", era aportar poco, o aportar algo que ya se sabía, o sea: nada. Sin embargo, la vanguardia jurídica que ha propuesto Rafael Catalá es dirigir el foco no hacia la acción misma de la filtración, sino a quienes en el ejercicio libre de su profesión se hacen eco de ella. La frase es: "Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información. No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia". Debatir, podemos debatir de todo o casi todo. Pero la sola idea de que nuestro ministro de Justicia arroje semejante paletada de hormigón jurídico sobre la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales de la Constitución que dice defender, nos ofrece una nueva e inquietante visión de nuestro aún ministro de Justicia.

Luego, frente al estupor general, Rafael Catalá entró en el no siempre seguro terreno del matiz, asegurando que el Gobierno no tiene "ningún proyecto" para sancionar a los medios, porque se trata únicamente de una "reflexión". Bueno, ya podemos, entonces, respirar tranquilos. Si solo se trata de una "reflexión" sobre si se debe o no vaciar de contenido uno de nuestros derechos fundamentales, nuestro último pilar como ciudadanía frente a los abusos del poder, y es precisamente el titular de Justicia del Gobierno quien nos lo propone, entonces no tenemos de qué preocuparnos.

Claro que hay que proteger la confidencialidad de las causas generales y, por supuesto, la presunción de inocencia. Pero no a costa de establecer una censura previa en los periódicos, las radios o los medios digitales, en una especie de reminiscencia peligrosa y nostálgica de nuestro peor pasado dictatorial, cuando cualquier publicación, incluida la extraordinaria novela de Juan Marsé Si te dicen que caí, que en 1973 tuvo que publicarse directamente en México, podía ser retirada de la circulación. Este ministro, Catalá, parece más preocupado por la zozobra íntima de los encausados por los casos de corrupción, por la entereza nívea de su espíritu, que por la mejora del funcionamiento de la Justicia. Se pierde, se distrae, con disquisiciones bizantinas --o no tanto-- entre el término "imputado" e "investigado", como si el cambio de nomenclatura aminorara la carga de su gravedad. No, no podemos reflexionar sobre esto, como no es admisible un debate público acerca de si la huelga o la libertad de conciencia son también derechos revisables. Aunque, en vista de lo que ya han hecho con el derecho de la gente a manifestarse contra la corrupción, vemos que para el partido del Gobierno el único derecho imprescindible es la presunción de inocencia de sus imputados.

* Escritor