Tras la llegada del buque de rescate Open Arms a las costas andaluzas, las críticas de la Junta hacia Pedro Sánchez y su gestión del problema de la inmigración se han endurecido. La cuestión principal recriminada por el equipo de Susana Díaz enfoca en la presencia de menores no acompañados, cuyo porcentaje parece aumentar cada día más, y en la falta de toma de responsabilidad por parte de las demás comunidades autónomas. Sin embargo, pese a la comprensión del Gobierno hacia el problema que sufre Andalucía, ese mismo está metido ahora en el restablecimiento de un nuevo sistema, que, por los siete años de gobierno del PP, aun no se había puesto al día. Por consiguiente, la pregunta que se plantea ahora es: ¿es correcto que Andalucía, por ser la comunidad con el mayor índice de llegadas de menores, se enfrente sola a dicha avalancha diaria?
Ante todo, está claro que el sistema de protección del Gobierno autonómico andaluz no puede abarcar ese gran número de niños que se le presenta y, en segundo lugar, no hay razones que justifiquen una atención solamente por parte de dicha comunidad autónoma. En la Conferencia Sectorial de Inmigración, las comunidades autónomas intentaron encontrar respuestas al problema que afecta al Sur del país. Pese a que no se hayan pactado medidas y acuerdos, solo Asturias y Extremadura se declararon dispuestas a asumir la tutela de niños de otras autonomías, cuya postura acerca de una solución de repartición igualitaria habrá sido, sin duda, de oposición.
En conclusión, extraña bastante que el nuevo Gobierno, encabezado por un presidente perteneciente al PSOE, aun no haya puesto en marcha medidas que permitan la repartición de los menores entre las comunidades, sin dejar que Andalucía pague el pato ella sola por un problema que debería --en teoría-- despertar la solidaridad de todos.
