Quizá sea tiempo idóneo para una solución ejemplar. Quizá la historia no comienza realmente hasta que no muere la última persona que la vivió directa o indirectamente. Pudiera ser que, aunque de la guerra civil solo queden vivas pocas personas, sí que están por aquí miles de hijas e hijos que la vivieron, así como millones de nietas y nietos que aún les escuece el alma. Por tanto, aún no hemos llegado a la desaparición total de los testigos directos e indirectos. Porque en el tema de la Ley de Memoria Histórica no son los historiadores ni los políticos sus principales justificadores sino las familias que sufrieron tanta pérdida violenta de seres queridos. En sí misma esta ley no debería admitir discusión. Lo que ocurre es que la que la cuestiona es la misma historia que transcurrió tras la muerte del dictador. Pero hay que actuar ahora o nunca porque dentro de poco no tendrá sentido positivo. A ningún historiador ni a ningún político se le ha ocurrido realizar una ley de memoria sobre cualquier otra guerra civil anterior porque carecería de virtualidad práctica y lógica ya; en lo que ya se considera historia no puede hablarse nunca de positivismo legal y no solo porque históricamente resulta un disparate sino porque significa una gasto superfluo a cargo de las arcas públicas que se precisan para otras cosas más urgentes tales como buscar vías de ofertas laborales para los parados. ¿Cuál es el problema entonces para cuestionarla tanto si estamos aún a tiempo de hacerlo? Pues que España tiene fuertes raíces populares e institucionales franquistas y no se puede obviar que esta democracia dimana del régimen dictatorial. Es por ello que a la Ley de Memoria Histórica no le ponen trabas los políticos de derechas sino gran parte del pueblo que sigue siendo franquista y que considera que el evitar esta ley forma parte del pacto en que todos aceptaron perder un poco y ganar mucho con la instauración de la democracia. Porque si unos querían ruptura otros querían continuidad. Pero ahora tenemos unas urnas sin prejuicios para resolver cuestiones fundamentales. Por eso creo que siendo la Ley de Memoria Histórica una ley que remueve los cimientos de la Transición se precisa un referéndum que la instaure. Además, esta consulta trascendería de su propio motivo porque un sí dejaría claro que aquel pacto supremo de la Transición ya no tiene validez y se precisa una nueva Constitución. Y lo contrario, por supuesto, también debería ser acatable por todos. La esencia de la democracia no es la razón sino la decisión de la mayoría.
* Abogado
