El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba se ajustó ayer, en su desarrollo, al guion previsto: el dictamen de la Comisión de la Memoria Histórica de Córdoba se aprobó con el voto a favor de PSOE, IU y Ganemos, la reserva de voto del PP y la abstención de Ciudadanos y Unión Cordobesa (UCOR), que manifestaron su acuerdo con «el 95%» del dictamen y mantuvieron su disconformidad con el cambio de nombre de las cinco calles objeto de controversia (UCOR solo en tres de los casos) desde el pasado mes de diciembre. Fue una sesión alborotada, pero no de una tensión excesiva, con intervenciones del presidente de la comisión, José Rojas, y de las asociaciones por la memoria, así como de dos asociaciones de vecinos, que se sumaron a las de los portavoces políticos y la alcaldesa, Isabel Ambrosio. Las posiciones, ya conocidas, dieron lugar al desenlace esperado: se rechazó la propuesta del portavoz popular, José María Bellido, de hacer un referéndum sobre el tema --«el cumplimiento de una ley no se somete a referéndum» vino a ser la razonable respuesta de PSOE e IU-- , se rechazaron también las seis enmiendas presentadas por el PP y el dictamen salió adelante tal y como había llegado a la sesión plenaria.

Se abre, por tanto, una nueva etapa, en la que continuará la discusión, ya que el acuerdo que decide eliminar los nombres de 15 calles (diez de ellos no se cuestionan) deberá ir seguido de los criterios para las nuevas nominaciones. Ahí el espectro se abre, desde el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, que plantea que se dediquen a mujeres, hasta la propuesta del PP, que pide que se consulte a los vecinos y esgrime el reglamento de participación ciudadana. Desde los colectivos, el Foro de la Memoria se opuso a las «soluciones imaginativas» que se han planteado para mantener la denominación popular de las famosas cinco calles... Se abre un nuevo capítulo, y con él, nuevas negociaciones que deberían permitir acercar posturas, aunque lo más probable es que, entre clamores por el consenso, continúe el clima de división en el Ayuntamiento. Y, con él, la polémica en la ciudad y el uso electoralista de la misma.

Con todo, lo importante y lo más complicado, una tarea formidable, es la que se refiere a la reparación de las víctimas, a la localización e identificación de sus restos y la entrega a sus familias para un entierro digno. Esto, materia que se está abordando con la Junta de Andalucía y para la que el Pleno de ayer acordó ofrecer un impulso, es lo más difícil y enormemente costoso, aunque se trata de la principal clave de la nueva legislación andaluza, que persigue cerrar las heridas de la represión y el odio. Sobre ello será necesario trabajar, crear alguna estructrura que atienda y oriente a las familias y avanzar con menos palabras y más hechos, visto el enorme retraso. Ese es el bosque que los árboles del debate de ayer no permitieron destacar.