La aprobación de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía pretende traer «verdad, justicia y reparación» ante todas las atrocidades cometidas bajo la dictadura de Franco. Salió adelante el pasado 15 de marzo de 2017 con los votos a favor de PSOE, Podemos e IU, absteniéndose PP y Ciudadanos. Los principales objetivos de la Ley son la reparación de las víctimas del franquismo y la localización de las personas desaparecidas bajo la brutal represión (alrededor de 700 fosas y 48.000 víctimas en Andalucía, según fuentes de la propia Junta). Asimismo, la ley andaluza da un plazo de doce meses para que sean retirados los símbolos franquistas, tanto en espacios públicos como privados de uso público. Hay tres casos en Córdoba que, según la citada Ley, deben desaparecer: el monumento a los caídos, las lápidas de la Mezquita-Catedral y el nomenclátor de calles relacionadas con personajes del franquismo. Entre estas vías destacan las dedicadas a José Cruz Conde, Conde de Vallellano y Antonio Cañero. José Cruz Conde, antes del golpe de Estado del 36, ya había ayudado a los generales Primo de Rivera y Sanjurjo para preparar el golpe de Estado de 1923, siendo recompensado como alcalde de Córdoba y, años más tarde, comisario de la exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Posteriormente tuvo un papel destacado en el apoyo civil a la organización del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 en Córdoba. El Conde de Vallellano fue ministro de Obras Públicas, presidente del Consejo de Estado y procurador de las Cortes franquistas. Antonio Cañero fue oficial del ejército golpista de Franco que encabezó la llamada «Columna Cañero» de caballistas y garrocheros que sembró el terror en los alrededores de Córdoba, referido por diferentes crónicas; además, de estar vinculado a macabros acontecimientos como tirotear con fusiles de montería a los presos de la cárcel de Antequera, como recoge el historiador Francisco Moreno en uno de sus libros 1936. El genocidio franquista en Córdoba.

La Comisión de Memoria Histórica auspiciada por el Ayuntamiento para velar por el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía acaba de concluir su extraordinario trabajo, al que la ciudadanía debe estar agradecida, evidenciando todos los elementos de la dictadura franquista que aún persisten después de cuarenta años de democracia. El Gobierno municipal debe acatar dicho dictamen sin ningún tipo de titubeo para hacer valer la ley. Una ley basada en la verdadera reconciliación, dignificando la memoria de todas aquellas personas que fueron víctimas del franquismo. El historiador Francisco Moreno Gómez establece que hubo en Córdoba unos 4.000 fusilados durante la guerra y 584 en posguerra. Entre ellos el alcalde Manuel Sánchez Badajoz, fusilado el 8 de agosto de 1936, al que la actual alcaldesa, nada más tomar posesión, quiso homenajearlo depositando un ramo de rosas en su nicho del cementerio de la Salud.

Como ciudadano de un país democrático deseo para mis hijos y los hijos/as de los demás referentes que les aporten valores de igualdad, justicia, solidaridad, fraternidad, paz y concordia; en definitiva, personas que hayan sentido, pensado y expresado su apuesta por los derechos humanos, la carta magna que debe iluminar al mundo, acabando con las tinieblas inhumanas de las dictaduras, la desigualdad social, la discriminación de la mujer, el abandono de niños/as y ancianos/as, el analfabetismo, las guerras y los conflictos, el hambre y la sed, las muertes causadas por enfermedades curables, el racismo, la xenofobia y el maltrato a la naturaleza.

* Profesor y miembro de Comunidades Cristianas Populares