La historia de los papeles de Panamá, anterior a su nombramiento como fiscal anticorrupción, debería haberle hecho ver que, aunque no fuera ilegal, la posesión del 25% de una sociedad familiar radicada en un paraíso fiscal es motivo de escándalo, por lo que asombra que aceptara el puesto. El Gobierno ya se ha desentendido de él y deja su futuro en manos del fiscal general.
