El Gobierno de España formalizó ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) los recursos contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre. Por la tarde, el Alto Tribunal admitió a trámite el recurso y decidió la suspensión cautelar de los preparativos del 9N, incluida la campaña institucional que la Generalitat de Cataluña iba a dirigir a los 5,4 millones de electores catalanes que, sumada a la consulta en sí, eleva el presupuesto previsto a 8,8 millones de euros. La Generalitat tiene intención de recurrir las medidas cautelares y seguir trabajando en los preparativos, pero aun así podría incurrir en ilegalidad que afectase incluso a sus propios funcionarios.
Cabe preguntarse, en este escenario de incertidumbre y de indudable agresividad política y social, cuál va a ser el precio político y de entendimiento y convivencia que pagarán la sociedad catalana y la española cuando el 9N se frustre, y en qué términos se desarrollarán los acontecimientos a partir de esa fecha. Quizá sea necesario que den un paso al frente actores que hasta el momento se han mantenido en las bambalinas, pues en este enfrentamiento solo está jugando fuerte en Cataluña la dialéctica independentista y la escasamente representada del Partido Popular, mientras que otras posiciones políticas y ciudadanas más conciliadoras se muestran cohibidas en vez de difundir sin miedo sus convicciones.
Es posible que el punto de vista jurídico esté claro, y que la Constitución Española sea hoy un muro infranqueable para las posiciones independentistas. Pero está la incógnita de qué va a pasar con la convivencia en España y cómo afrontar la situación que viene para que no se acentúe la radicalización y la ruptura. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamó ayer al diálogo al presidente catalán, Artur Mas, pues "estamos a tiempo de enderezar el rumbo". Ojalá sea así.
