Tres años largos después de un primer decreto sobre el fenómeno entonces emergente de los drones, el Gobierno anuncia para antes de final de año una reglamentación más precisa. Si entonces se optó, con buen criterio, por una estrategia de prudencia y se prohibió casi todo, ahora se tenderá a la liberalización, a tenor de lo que anunció ayer en el Congreso el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Los vetos que se establecieron en el 2014 -vuelos en cascos urbanos, en aglomeraciones, cerca de aeropuertos, de noche...-, serán levantados, y también se permitirá que los drones puedan operar fuera del alcance visual del piloto. Es un cambio muy importante, cuyas consecuencias hay que suponer que han sido evaluadas por Fomento. En primer lugar, la seguridad, que deberá ser la máxima posible, porque el daño potencial de un ingenio que se mueve por el espacio aéreo es muy superior al de un vehículo terrestre. Pero no menos trascendente es la posible invasión de la privacidad al permitirse que los drones sobrevuelen áreas urbanas. Son los dos aspectos sobre los que habrá que estar más atentos cuando el nuevo decreto esté negro sobre blanco. Nadie discute la importancia que esta nueva herramienta tiene para desarrollar la economía y facilitar varios aspectos del día a día de los ciudadanos, pero ese progreso no puede tener como precio debilitar dos pilares básicos de la sociedad como son la seguridad y la privacidad.
