La idea de garantizar la igualdad de oportunidades a las personas que desean emprender una actividad económica es, quizá, la más destacable del proyecto de Ley de Fomento del Emprendimiento que aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, y que inicia su trámite parlamentario. La norma forma parte de los acuerdos de investidura entre el PSOE y Ciudadanos, y su objetivo es reenfocar los mecanismos de apoyo de la Junta a los emprendedores, fomentando la creación de empresas y -otro punto clave- eliminando burocracia. El texto se ha consensuado con las organizaciones empresariales, sindicales y de autónomos, y abarca desde el asesoramiento hasta la ayuda para conseguir financiación, así como el impulso a áreas o colectivos de especial relevancia: iniciativas que conecten emprendimiento e investigación, que surjan de las universidades, que fomenten la economía colaborativa o cooperativa, que sean de jóvenes y mujeres, que se desarrollen en el medio rural… Es una iniciativa positiva, un gran reto que deberá dotarse económicamente para tener eficacia y cuidar al extremo los grandes riesgos que comporta, desde la dispersión de recursos y la excesiva burocratización hasta la falta de coordinación, así como el encaje del actual modelo, muy asentado, de Andalucía Emprende. Lo importante es que los recursos tengan un efecto multiplicador y de auténtico incentivo para la economía.
