Las otras Renfe

La decisión del Gobierno de liberalizar el sector ferroviario español a partir de julio del 2013 responde en primer lugar a la inviabilidad de la carga económica de las actuales empresas estatales del sector (Renfe, Adif y Feve) en las arcas de un Estado al límite. El proyecto que anunció el viernes Ana Pastor es la consecuencia lógica de una política iniciada en el 2005 con la apertura a otras operadoras del transporte de mercancías por tren y de la que ya dio cuenta en el 2010 su antecesor en el cargo, cuando puso en el horizonte del 2012 la incorporación de otro operador ferroviario y la preparación de Renfe "para poder competir en un mercado cada día más abierto".

No se pueden soportar pérdidas de 447 millones y una deuda acumulada de 20.730 millones ni mantener líneas o estaciones totalmente infrautilizadas. El mapa de estas deberá hacerse con rigor, lejos de la política de trazados ferroviarios al servicio de intereses políticos. Asimismo, se debería garantizar el cumplimiento de los objetivos tradicionales de una mayor competencia: una oferta de precios más amplia y el esfuerzo de calidad de las compañías para captar clientes. Puesto que las infraestructuras repercuten en la economía y la competitividad, el Estado debería controlar a los nuevos operadores para que no descienda el nivel de prestaciones, eficacia y seguridad. Y que, en unos años, el servicio no regrese peor y con más deudas al sector público.