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Editorial

La justicia alemana rechaza el delito de rebelión

 

13/07/2018

Paso a paso, decisión a decisión, la justicia de los países europeos a los que huyeron los líderes independentistas tras la proclamación de independencia del 27 de octubre ha ido complicándole al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la instrucción del caso de los hechos acontecidos alrededor del referéndum del 1-O. El último ha sido la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que ha dado luz verde a la extradición de Carles Puigdemont por un presunto delito de malversación, pero ha descartado el cargo de rebelión que Llarena solicitaba en la euroorden, porque entiende que no hubo la violencia «suficiente» durante el 1-O que sustente ese cargo.

Desde el principio de la causa, el cargo de rebelión ha sido cuestionado por diversos juristas debido a que requiere que haya violencia. En sus sucesivos autos, el juez Llarena ha justificado lo que a su juicio es violencia en aquellos nefastos días, pero la justicia alemana no ha considerado suficientes sus argumentos para extraditar a Puigdemont. En mayo, la justicia belga rechazó la entrega de los ‘exconsellers’ Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por lo que consideró defectos de forma en la euroorden. Es muy significativo que a la justicia española le cueste tanto hacer entender a sus homólogos europeos la concepción de violencia que sustenta la acusación de rebelión.

La fiscalía alemana no puede recurrir, Puigdemont sí puede hacerlo contra el cargo de malversación ante el Tribunal Constitucional alemán. Ahora el juez Llarena tiene que decidir si acepta o no la extradición. Si no la acepta, el expresidente de la Generalitat se quedará en un limbo legal, ya que no podría moverse de Alemania sin riesgo de ser detenido durante los veinte años que faltan para la prescripción de este delito. Si Llarena la acepta, Puigdemont solo podrá ser juzgado en primera instancia por malversación, y condenado a lo sumo a 12 años de cárcel (a lo que se suma que el Código Penal admite rebajas de las penas si se repara el dinero malversado, y, además, esta acusación no incluye su suspensión como diputado mientras no haya sentencia), mientras que los líderes sociales y políticos que decidieron no huir de la justicia y presentarse ante los juzgados llevan meses en prisión preventiva y en algunos casos se enfrentan a 30 años de cárcel por el delito de rebelión. Un agravio insostenible. Otra opción para Llarena sería acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero vistos los antecedentes no es aventurado pensar que esta sería una decisión arriesgada para el juez. En el interín, si Puigdemont recurre y todo se atrasa, podría celebrarse el juicio a los políticos presos en España, que forman parte de una pieza separada. La situación sigue siendo la de una tormenta perfecta.

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