El anuncio por parte del Gobierno del borrador del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 obliga a reflexionar sobre las dificultades del acceso y mantenimiento de un hogar estable para amplios colectivos castigados por la gran recesión, especialmente los jóvenes. No hay que sustraer al proyecto gubernamental las buenas intenciones que lo animan. Es una buena propuesta incrementar hasta 10.800 euros la ayuda a la compra de una vivienda habitual a menores de 35 años y también apoyarles en los alquileres. Pero habría que abordar los problemas de fondo. Inducir a un joven a entrar, con una mínima cantidad inicial, en el largo túnel de las hipotecas puede ser un salto mortal al vacío, como sabemos por la experiencia reciente. El piso en propiedad no siempre es un bien rentable, no solo por el lastre económico, sino por la actual situación, que impone movilidad geográfica a los trabajadores. Y la alternativa del alquiler no es mejor: acudir con pocos recursos a un mercado dominado por la oferta y la demanda sin control presagia una amenazadora tormenta de precios. Es el marco económico global el que debe tenerse en cuenta para dirigir mejor el apoyo oficial. El fomento de los pisos de alquiler social ha de ser objetivo prioritario, y el nuevo plan de vivienda lo contempla de forma muy tímida. Las ayudas, por bienvenidas que sean, no pueden seguir siendo pequeños remedios que solo mantienen una injusta situación general. Y mucho menos deben agitar vicios que nos llevaron a la ruina del ladrillo y de toda la economía.