En la escalada en que se ha convertido el pulso entre el Gobierno de España y la Generalitat sobre el 1-O no hay día en que una decisión no provoque un conflicto. Ahora, los Mossos están en el centro de la disputa después de que el consejero de Interior, Joaquim Forn, anunciara que no acatan la decisión de la Fiscalía General de Cataluña de que un coronel de la Guardia Civil coordine a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos para impedir la celebración del referéndum ilegal. No se ha quitado competencias a la policía catalana, como argumenta la Generalitat, porque este control afecta únicamente a la jornada del 1-O y los tres cuerpos policiales deberán obedecer siempre al fiscal general de Cataluña, como ya hacen los Mossos cuando actúan como policía judicial. La decisión se fundamenta en el artículo 46 de la ley orgánica 2/1986, que señala que cuando las policías autonómicas «no dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las funciones» podrán recabar «el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Este auxilio ya se aplicó tras los atentados de agosto, pero ahora la Generalitat aduce que ese supuesto no se da y que recurrirá. En el fondo, el conflicto no hace sino expresar la falta de confianza en la consejería y en los Mossos. Y no es casualidad que se adopte esta decisión tras percibirse cierta pasividad de los Mossos ante el apoyo que necesitaban los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
