Malas noticias para Córdoba si se cumplen los cálculos de la Junta de Andalucía sobre la nueva Política Agraria Común (PAC). Todavía hay que contemplar el escenario con cautela, a tenor de las contundentes declaraciones del delegado del Gobierno, Antonio Sanz, diciendo que el reparto de las ayudas del nuevo marco comunitario no está cerrado. Pero igual de contundente ha sido la información facilitada tanto por la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, como por el delegado en Córdoba, Francisco Zurera. Estiman que la provincia perderá en torno a 109,7 millones de euros en ayudas directas al campo hasta el 2020, más la parte correspondiente a 286 millones de euros que pierden los fondos para el desarrollo rural en Andalucía. Si a eso se añade, como dicen dos asociaciones agrarias, que el recorte de las ayudas afectará sobre todo a las pequeñas explotaciones, hay motivo de preocupación y de indignación. El Ministerio de Agricultura, que negoció este nuevo reparto con la UE y con las comunidades autónomas, se comprometió, con Miguel Arias Cañete al frente, a que Andalucía no perdiera. Habrá que ver si es así. La PAC contribuye a la modernización de las explotaciones agrarias, a que estas sigan siendo competitivas y de calidad, a mantener la producción primaria en Europa y a fijar a la población en sus territorios. Estas ayudas serán cada vez menores, pero si se recortan antes de tiempo y se perjudica comparativamente a Andalucía, el Gobierno deberá dar muchas explicaciones. Y marcha atrás.
