La actividad humana, basada en una economía de crecimiento permanente y adicta al consumo de energía, ha incrementado la concentración en la atmósfera de gases que son muy perjudiciales para la salud.

Son muchos los estudios que han vinculado la contaminación del aire con afecciones en la salud, y en zonas urbanas son motivo de preocupación, lo que ha generado plataformas ciudadanas contra la incineración de residuos en aquellos lugares donde existen instalaciones que se dedican a esta actividad. ¿Quién aceptaría de buen grado que coloquen cerca de su casa una instalación que queme residuos y ensucie el aire que respira?

La utilización de residuos como combustible incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes tóxicos. Sin embargo, son muchas las autorizaciones que se están concediendo a cementeras que dedican sus plantas a la coincineración.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala como medida para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial la reutilización y reciclado de materiales, no su incineración. Dentro de la política comunitaria en materia de residuos, la jerarquía para la gestión es: prevención, reducción, reciclaje, valorización material, y como última opción la incineración/eliminación. En este orden, la incineración -con o sin valorización energética- habrá de tener la misma consideración que la eliminación, última opción en la jerarquía. Pero parece que hacerse cargo de la gestión de residuos es una actividad económica muy rentable, y además las cementeras autorizadas negocian con la venta de emisiones de CO2.

Pero la incineración es una fuente de energía sucia e ineficiente, a pesar de que se quiere vender como energía limpia. Tiene unos niveles de aprovechamiento energético muy pobres, y su escasa producción energética no compensa el ahorro que se conseguiría con la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje.

Además, las industrias cementeras y las incineradoras reciben subvenciones fruto de los derechos de emisión de CO2 al considerarse falsamente que la quema de residuos es neutra ante el cambio climático, por lo que se les contabilizan menos emisiones de las reales.

En relación al chantaje que vienen realizando estas empresas respecto al empleo, habría que considerar también los impactos socioeconómicos negativos generados por la incineración de residuos. Impactos ligados a las repercusiones sobre la calidad ambiental, en especial sobre la calidad del aire, una circunstancia a la que es especialmente sensible la actividad agroalimentaria y también el turismo. La contaminación atmosférica causa daños en cultivos que se traducen en una disminución del rendimiento y una mayor sensibilidad a plagas y enfermedades.

Más allá de los efectos directos de dioxinas y otros compuestos emitidos, hay preocupación con su bioacumulación en seres humanos como consecuencia de su persistencia y la ingestión de alimentos de origen animal contaminados. Así, la detección de producciones agrícolas contaminadas supondría un duro golpe para el productor y su entorno económico, por lo que la posibilidad de un deterioro en la calidad del aire tendrá una traducción económica que no se suele valorar.

También se debería contemplar el balance entre los puestos de trabajo mantenidos por cementeras y aquellos destruidos en otros sectores como el agrícola. Porque perjudica severamente al sector primario, a explotaciones agrarias y ganaderas, incidiendo negativamente en la calidad de su producción y posibles certificaciones de calidad, hipotecando así el futuro de las comarcas donde operan estas cementeras con autorizaciones para incinerar.

Un territorio con contaminación del aire y acumulación de residuos tampoco es atractivo como lugar de ocio o turismo. Y en cuanto al empleo directo que generan estas plantas, basta decir que la incineración emplea a menos personas que las plantas de reciclaje.

Según la fundación Amigos de la Tierra, si aumentásemos nuestra tasa de reciclaje la UE podría crear para el año 2020 hasta 750.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con el sector.

5.250 millones de toneladas de residuos reciclables terminan cada año en los vertederos e incineradoras europeas. Su reciclaje supondría la eliminación de aproximadamente 148 millones de toneladas de gases contaminantes. Además, por cada tonelada de residuos que se recicla, se multiplica por diez la generación de empleos respecto al número de trabajos que se crearían si se incinera o envía a vertederos esos mismos residuos.

Por tanto, el reciclaje además de ecológico y positivo para la naturaleza, puede ayudarnos a mejorar la economía. Una razón más para que nos concienciemos de la necesidad de reciclar nuestros residuos en lugar de dejar que se los «valorice energéticamente» incinerándolos.

Necesitamos con urgencia un Plan de gestión de residuos sostenible y activo, en la búsqueda del residuo cero, que debería ser el objetivo principal hacia el que encaminarnos.

* Diputada autonómica y coportavoz de EQUO Andalucía