El inicio del mes de septiembre ha devuelto al primer plano un conflicto laboral que se ha enquistado por la falta de acuerdo, mejor dicho de negociación, entre las partes. La huelga de examinadores de autoescuelas se ha reanundado esta semana y lo hará, de lunes a miércoles, hasta final de mes con el consiguiente perjuicio tanto para los aspirantes a obtener un permiso de conducir como para las propias autoescuelas. En Córdoba ya se han retrasado más de 3.000 pruebas desde que los paros comenzaron en el mes de junio. En esta provincia la huelga tiene un seguimiento del 77%, es decir, la inactividad en los días señalados es casi absoluta. La Asociación Provincial de Autoescuelas ya apunta que este año, ante la incertidumbre, la pérdida de alumnos se va a situar por encima del 70%, con la merma económica que ello supone para el sector.
El conflicto se originó porque los examinadores reclamaban a la Dirección General de Tráfico (DGT) un complemento salarial de 200 euros mensuales, pactado hace dos años, que no se ha hecho efectivo. Según la asociación de examinadores, desde ese 2015 han ido pasando sucesivos directores generales de la DGT sin que Hacienda haya dado luz verde a esa mejora. El atasco es importante. En el plano nacional desde que empezó en junio la huelga se han dejado de examinar en España unos 80.000 aspirantes a conductor, los grandes perjudicados por esta falta de entente. En muchos casos, por ejemplo, con el agravante de que la obtención de ese permiso estaba vinculado a una oferta laboral. Es por ello que cabe esperar un cambio de actitud de la Administración para asumir los compromisos adquiridos con un colectivo que, además, denuncia la pérdida progresiva de personal para desarrollar su trabajo. Apostar por una estrategia de desgaste y no acercar posiciones, como denuncian los examinadores, no conduce a ningún camino como nos han recordado otros casos recientes.
