Un creciente número de funcionarios están preguntándose si no sería mejor para su futuro jubilarse ya, antes de 2019, año en que empezará a verse afectada su pensión. A partir del 1 de enero, todos los trabajadores que se jubilen recibirán una pensión algo más baja de lo que le correspondería según lo cotizado. Este recorte se debe a la entrada en acción del denominado «factor de sostenibilidad», un elemento corrector que el Gobierno introdujo en su reforma del sistema de pensiones del año 2013 con la idea de empezarlo a aplicar a partir de 2019.

El factor de sostenibilidad incluye dos variables: el factor de equidad intergeneracional y el factor de revalorización anual. El objetivo del factor de equidad intergeneracional es adecuar el pago de las pensiones al incremento de esperanza de vida de la población: como cada vez vivimos más tiempo, está aumentando la proporción entre pensionistas y trabajadores en activo, el período de disfrute de la pensión se está alargando y hay el mismo dinero para cubrir todos esos años, con lo que la única solución es reducir la pensión anual proporcionalmente. En realidad, haciendo las cuentas, y aún a la espera de que el Gobierno desarrolle una fórmula definitiva, la cosa no sería tan dura. Se supone que teniendo en cuenta el recorte dejará la pensión del orden de un 0,5% inferior a lo que correspondería con la aplicación de la ley actual, o sea unos 70 euros menos al año para una pensión anual de unos 15.000. Pero este será el recorte solo para 2019. Este factor es en realidad acumulativo, esto es un 0,5% menos cada año. Y a los 5 años se volverá a revisar el porcentaje de reducción en función de las circunstancias de ese momento.

El factor de revalorización anual es el segundo componente del factor de sostenibilidad. Implica vincular una posible revalorización de las pensiones a la situación de las finanzas públicas. Las pensiones subirán solo si aumentan los ingresos lo suficiente como para sostener el incremento del gasto. Este factor se situará entre el 0,25% y un máximo del IPC más el 0,5%. Aplicando este factor junto con el factor de equidad intergeneracional, será posible que un jubilado a partir de 2019 cobre una pensión más baja que quien se retiró antes en las mismas condiciones; sin embargo, no verá reducida su pensión durante los años que la perciba.

Si esas estimaciones son acertadas, puede salir rentable adelantar la jubilación a los 60 años con 35 años cotizados, o si se ha llegado a los 64 años. Significaría que más de 28.000 funcionarios podrían jubilarse en 2019. Y eso puede ser una catástrofe. El sistema debería saber si está preparado para esa eventualidad. Pero el sistema no sabe si lo sabe. Y ahí estamos. Ante esa falta de fiabilidad del sistema, yo estoy barajando la posibilidad de adelantar mi jubilación y buscarme una actividad alternativa que me genere recursos adicionales. Muchos alemanes ya lo hacen; por sorprendente que nos parezca, la mitad de los jubilados alemanes se ven obligados a buscar una actividad para complementar los insuficientes ingresos por la pensión. Y eso ocurre en la primera potencia económica europea y uno de los países más solventes del mundo.

Afortunadamente, yo no necesito mucho. Te necesito a ti, o al menos un what-sapp tuyo deseándome una buena mañana. También necesito algo para comer, claro. La casa ya la tengo pagada. Gin tonic, tampoco lo necesito a diario. El viernes, sí. Y no sé qué más. Aun así, no me fío ni un pelo de mi salud de hierro. Por eso estoy buscando una fuente de ingresos alternativa. Y por eso estoy aquí en Mindelo, isla de San Vicente, República de Cabo Verde. Si la cosa se pone muy fea, y ni siquiera tengo tus whatsapps, sé que puedo encontrar refugio en este hotel. El Atlántico se ve desde esta atalaya. La langosta está riquísima y no es cara. Los viejos son todavía minoría y hay jóvenes con ganas de trabajar. Europa me puede apuñalar el corazón en cualquier momento; ya no es esa Europa en la que creíamos poder confiar.

* Profesor de la UCO