Se trata de una iglesia cisterciense situada en una finca ganadera de la Sociedad Anónima de Ucieza --terrenos de regadío de Ribas de Campos--, y propiedad de esta sociedad, por haberla adquirido en 1978, siguiendo la cadena de propietarios privados iniciada cuando la desamortización, y poseída a título de dueño y pacíficamente desde su adquisición hasta anteayer, un día de 1999, en que al obispo de Palencia, que debe tener la misma voracidad inmobiliaria que nuestro monseñor Asenjo (el Tribunal Supremo tuvo que obligarle a devolver a los claretianos la iglesia de san Pablo), se le hincharon las narices, y aprovechando la ancha puerta del Registro de la Propiedad abierta a la Iglesia por Aznar y continuadores, la inmatriculó por menos de cincuenta euros de costo como de su propiedad, con asombro y expolio de la sociedad ganadera.
Pero ésta no reaccionó como algunos ayuntamientos en casos semejantes, cuyos munícipes se dedican a discutir si galgos o podencos, hasta que los fieles creyentes, antes que ciudadanos, logran una inactividad que es equivalente a la aceptación, y esencialmente una cobarde resignación.
La sociedad acudió a los tribunales y de entrada no tuvo mucha fortuna, porque el juzgado desestimó la demanda y la Audiencia confirmó esta desestimación. Y lo que es peor, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación alegando que así debía hacerlo por razones de cuantía.
Pero la sociedad de Ucieza, dando ejemplo a tantos ánimos quebradizos y proclives a inclinar la cerviz ante los báculos, demostrando la independencia y constancia necesarias para enfrentarse a la habitual fortaleza negativa de la Iglesia, que normalmente no le cuesta un duro, acudió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que seguramente sintió en su seno indignación ante tantas tropelías religiosas y judiciales. El tribunal ha dictado una sentencia ejemplar, aviso de caminantes.
María Peral lo resume muy bien: «El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que el Estado español deberá pagar un total de 615.600 euros a la Sociedad Anónima del Ucieza para resarcirla por haber permitido al Obispado de Palencia inmatricular a su nombre una iglesia cisterciense situada en terrenos propiedad de esa empresa, dedicada a la ganadería. El caso fue fallado en contra de España en noviembre de 2014, pero ha sido ahora cuando el Tribunal de Estrasburgo ha determinado cómo debe repararse el daño sufrido por la Sociedad Anónima del Ucieza. Frente a la tesis de la Abogacía del Estado de que actualmente existen vías judiciales para obtener el reconocimiento de las sentencias del TEDH, la Corte europea ha concluido que no puede obligar a la empresa a iniciar nuevos procedimientos judiciales después de llevar litigando por la propiedad de la iglesia medieval desde 1999. Recibirá, por tanto, una indemnización por daño moral (15.600 euros) y 600.000 euros más, valor que un peritaje judicial fijó para el templo en febrero de 2000».
Pero estas cantidades, que nos parecen muy importantes desde la humilde perspectiva de nuestras billeteras de pensionistas contribuyentes, no las va a pagar el episcopado de Palencia, las va pagar el Estado español. Es decir, las vamos a pagar nosotros, el pueblo, que resultamos jodidos y apaleados, mientras los culpables no tienen que desembolsar un euro y cantan maitines. Laus Deo.
El vicioso procedimiento propiciado por el «hipotecario Aznar» --todavía peor que el guerrero de Irak-- es duramente criticado en la sentencia, que también da un varapalo al registrador. Es verdad que en este caso inmatriculó a favor de la Iglesia una finca ya inmatriculada a favor de otra persona --la sociedad ganadera-- pero en los muchos otros casos españoles en que se permitió que la Iglesia inmatriculara a su favor miles de bienes, entre ellos calles, plazas y catedrales --como sabemos en Córdoba-- quizá pudieron los registradores impedir las tropelías esgrimiendo que los preceptos hipotecarios que las permitían habían quedado inválidos por su evidente anticonstitucionalidad.
A ver si a lo que no se atrevieron los registradores se atreven de una vez los juzgados y tribunales... Claro que para eso hace falta que acudan a ellos personas con dos grandes razones de peso colgándoles en la entrepierna.
Porque esperar de nuestro Congreso que promulgue una ley que vuelva los bienes torticeramente inmatriculados a su situación anterior, es esperar un imposible. Imposible por lo menos mientras nos sobrevuelen las dos poderosas palomas: la del espíritu santo --es decir, la Iglesia en su aspecto terrenal-- y la del PP --es decir, el partido que está lastrado por la extrema derecha--.
* Escritor y abogado
