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Editorial

La hibernación de las pensiones

 

02/11/2017

A pesar de la inestabilidad catalana, el Gobierno ha remitido a Bruselas las grandes líneas del gasto público en España para el ejercicio 2018, a la espera de que la coyuntura política permita tramitar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. En la prórroga presupuestaria, la previsión es incrementar las pensiones un 0,25%, como establece la reforma que se llevó a cabo en el año 2013, que estableció este mínimo y desvinculó la actualización de las pensiones de los resultados anuales del IPC. El Gobierno recoge esta proyección y ha dicho que nos encontramos en un escenario de «política constante» --sin nuevas medidas-- en el que también trabaja con el supuesto de congelación de los salarios de los funcionarios ante la prórroga presupuestaria.

Desde que en aquella reforma del año 2013 se desligase la subida de las pensiones de la evolución de la subida de los precios, estas prestaciones solo se han revalorizado durante los siguientes años el mínimo establecido por la ley, lo que se ha justificado en la situación de déficit por el que atraviesa el sistema de la Seguridad Social. Al contrario de lo que podría pasar en el caso de los salarios públicos cuando haya nuevos Presupuestos, la previsión del Ejecutivo es no aumentar el gasto en pensiones. Eso significa que en un momento en que la economía vuelve a arrancar y, como consecuencia, vuelven a subir los precios, los pensionistas seguirán perdiendo año tras año poder adquisitivo.

En la actualidad, en la provincia de Córdoba hay 169.242 personas que perciben de las arcas del Estado algún tipo de pensión contributiva. Una cifra que no deja de crecer año tras año. La población cordobesa se redujo en el 2016 por sexto año consecutivo, sin embargo el número de jubilados no ha dejado de elevarse. Si en el 2005 había 91.217 pensionistas por jubilación, en el 2016 se superaron por primera vez los cien mil jubilados en Córdoba, cifra que ya ronda los 170.000 con una tendencia que continúa al alza. Al cierre del año 2016 el pago de pensiones en la provincia llegaba a los 87 millones de euros.

La pérdida de poder adquisitivo y, por ello, de calidad de vida del pensionista español es doblemente negativo. Por un lado, porque no ayuda a consolidar la propia recuperación económica, puesto que supone un freno al crecimiento de la demanda interna. Y por otro, es una injusticia para los pensionistas que han cotizado durante años y ahora ven como sus pensiones no les permiten año tras año mantener un nivel de vida que se han ganado merecidamente con su trabajo.

La hibernación de las pensiones en España seguirá, pues, un año más. Y nada hace pensar que deje de ser así, porque la inaplazable reforma de las pensiones sigue encallada a pesar de que el sistema agoniza año tras año porque la combinación de la crisis y del boom demográfico lo hace inviable.

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