El culebrón de la reforma del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, que se antojaba un callejón sin salida interminable, parece llegar a su fin. Como adelantó este periódico el domingo, antes de que termine febrero se reanudarán los trabajos interrumpidos por la empresa adjudicataria a mediados del 2015. Para ello, la Junta de Andalucía ha recurrido a la empresa pública Tragsa con la idea de acometer en unas primeras fases la limpieza y retirada de escombros, la redacción del proyecto y la ampliación del salón de actos. Esto permitiría la apertura del edificio y su uso para eventos y congresos en el 2018, si bien queda pendiente un proyecto más ambicioso de rehabilitación integral del complejo. No es que 2018 esté aquí al lado. La fecha queda muy lejos de aquel 2014 en el que estaba prevista la reinauguración del inmueble, que verá ampliada su capacidad para pasar de un máximo de 677 asistentes a eventos a contar con 1.170 plazas. Pero al menos ya está sobre la mesa la respuesta que demandaban los agentes económicos y sociales, y la Junta de Andalucía cuenta con los informes jurídicos que precisaba para resolver la adjudicación, en la que se ha detectado que la compañía adjudicataria solo ha acometido 12 de las 17 actuaciones previstas y se ha producido el incumplimiento en la ejecución de 38 contratos.

La resolución del problema no era fácil. Por una parte, la propia rehabilitación del edificio es todo un desafío, por su título BIC y su consecuente valor patrimonial, que se acentúa con la existencia de restos del antiguo alcázar andalusí, que se quieren recuperar, o al compartir sede con la Filmoteca de Andalucía. Pero, por otra, también lo es el resolver el contrato con la adjudicataria, algo que no puede hacerse a la ligera por mucho que se hayan paralizado las obras. Esta situación perversa se ha producido en otros contratos de obras públicas en Córdoba, y debe ser motivo para que las administraciones extremen sus cautelas en las licitaciones.

Un proceso inevitablemente garantista, pero demasiado largo. Esto ha motivado numerosas protestas del sector turístico y, especialmente, de los organizadores de congresos, que veían a Córdoba perder año tras año capacidad competitiva por falta de un recinto para congresos (y el centro de exposiciones y convenciones del Ayuntamiento en el Parque Joyero también sin terminar). La Junta de Andalucía presentará pronto sus planes a CECO, Cámara de Comercio, UGT y CCOO, que hace escasas fechas suscribieron un escrito de protesta. Es de esperar que ahora sea posible una eficaz resolución del problema y que Córdoba recupere su Palacio de Congresos para responder al tipo de visitante que más ingresos deja en la ciudad. Y quizá la Junta de Andalucía debería atender la petición de UGT y CCOO de que se vaya preparando el modelo de gestión, para que, una vez terminadas las obras, sea posible el uso inmediato del complejo.