El Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha condenado al empresario Rafael Gómez a penas que suman cinco años y tres meses de prisión y a una multa de 112 millones de euros por considerarlo culpable de dos delitos contra la Hacienda pública. Además, fija una indemnización a Hacienda que suma 28 millones de euros. El fallo absuelve a los cuatro hijos del empresario, a los que considera al margen de la toma de decisiones de las compañías, y a todos ellos --Gómez y sus hijos-- de los otros ocho supuestos delitos por los que estaba acusado. La condena es muy inferior a las penas solicitadas, pero será recurrida por Rafael Gómez ante instancia judicial superior.
El juicio a Rafael Gómez ha suscitado una enorme expectación, no solo en Córdoba, sino en Andalucía y España, donde el singular empresario es conocido desde su etapa al frente del Córdoba CF y por sus especiales maneras. Ha sido, además, cargo público, como portavoz de UCOR en la anterior Corporación Municipal, y su figura despierta un especial interés en la opinión pública. El juicio a Gómez está, por tanto, entre los que pueden calificarse de mediáticos. Sin entrar a valorar la sentencia, ni lo que pueda deparar el futuro, lo cierto es que en los tiempos actuales la sociedad exige que la justicia actúe en todos los ámbitos --la recientísima sentencia del juicio a la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urgangarín, lo pone de manifiesto-- para que quede acreditada la salud del estado de derecho y que todos estamos obligados a rendir cuentas, iguales ante la ley.
