El sector del taxi hizo ayer una poderosa demostración de fuerza en su conflicto con los vehículos de alquiler con conductor (VTC) y las plataformas tecnológicas que ofrecen sus servicios a través de aplicaciones del móvil. Madrid acogió una gran concentración de profesionales llegados de toda España para expresar su queja por lo que consideran una competencia desleal que amenaza su futuro. Y no les faltan motivos. Fuertemente regulado por ser un servicio público esencial, el gremio del taxi está obligado a cumplir condiciones exigentes en cuanto a la seguridad, tributos a pagar o tarifas a cobrar, junto con un control estricto de las licencias. A cambio, la regulación estatal les garantizaba límites a las alternativas al taxi. Este marco regulador se quebró con una ley que eliminó durante dos años la limitación de licencias VTC. Otro factor ha hecho temblar el terreno de juego. Dos operadores de presencia mundial, Uber y Cabify, ofrecen el servicio privado de transporte con una sencilla operación en el móvil. No les falta razón a los taxistas cuando reclaman una mayor transparencia en la gestión de estas compañías que, aunque se vistan de modernidad, deben cumplir con la legalidad laboral y tributaria. Solo así la competencia podrá ser en igualdad de condiciones. Pero se equivocarían si se cerraran en banda, pues el sector debe evolucionar, y para ello será preciso diseñar un marco legal que los abarque a todos.
