La sombra de la corrupción se cierne de nuevo sobre el expresidente de la Comunidad Valenciana: todos los empresarios imputados por financiar ilegalmente al PP valenciano durante las elecciones municipales y autonómicas del año 2007 han reconocido que pagaron bajo mano 1,2 millones a la empresa que organizaba los actos electorales del PP durante la presidencia de Camps.