Apenas 48 horas después de tomar posesión como concejal de Madrid por Podemos, Guillermo Zapata se vio obligado ayer a dejar la cartera de Cultura que le encomendó la alcaldesa, Manuela Carmena, por unos comentarios presuntamente humorísticos de tinte xenófobo y antisemita que emitió en Twitter en el 2011. Llama la atención que estos desafortunados y reprobables chistes del número 12 de la lista madrileña de Podemos hayan sido redescubiertos y aireados justamente cuando la capital de España estrena un ayuntamiento de izquierdas tras dos décadas largas con alcaldes del PP. Pero cada cual debe asumir las consecuencias de sus actos y sus comentarios, y Zapata no tuvo en cuenta que en la era de la hiperinformación todo lo que se dice públicamente puede ser utilizado en contra del interesado años después.

Este concejal, pues, fue mal político antes de llegar al cargo por no saber manejar adecuadamente una herramienta tan potente como Twitter. Sus comentarios son hirientes y desconsiderados, demuestran una nula empatía hacia el sufrimiento, carecen de respeto hacia las víctimas, y sus alusiones al holocausto judío han tenido una repercusión internacional negativa. No se justifican diciendo que se hicieron en el marco de una 'tendencia' de Twitter relativa al humor negro, y está claro, como él mismo ha admitido, que lo invalidan para hacerse cargo de la concejalía de Cultura. Pero es verdad, como se encargaron ayer los usuarios de Twitter de recordar con abundantes ejemplos, que su falta no es de mayor calibre que otras barbaridades y ofensas vertidas alegremente en la red por dirigentes de todos los partidos. A Zapata le honra que haya renunciado a su cargo --no al de concejal-- y que haya pedido perdón a las personas ofendidas. Y lo que es un despropósito es que el sindicato Manos Limpias pretenda que la Fiscalía emprenda acciones penales contra Zapata por provocación a la discriminación, el odio y el racismo. El respeto por los demás exigible a toda persona --sea o no cargo público-- no puede implicar el histerismo de perseguir judicialmente comentarios absolutamente inapropiados y reprobables pero que no pueden tener más coste que el político, como ha sucedido ya en este asunto.

El caso Zapata, por lo demás, es un presagio de que la bisoñez y los errores de las fuerzas emergentes serán aprovechados a fondo y sin complejos por quienes han perdido poder en ayuntamientos y autonomías. No sería raro ver otras maniobras de desprestigio. La nueva política no debería amilanarse por ello, pero haría bien en controlar quién pasa a nutrir sus filas y no dar argumentos fáciles a los que desean verla fracasar. Porque estas plataformas y partidos emergentes no deben olvidar que han puesto muy alto el listón de la decencia pública, convirténdose en martillo y azote de los políticos que han gobernado hasta ahora, y que es normal que a ellos se les exija que estén a la altura de lo que preconizan.