El Fiscal del Estado, Eduardo Torres-Dulce, debe estar pasando su quinario también. Muchos sostienen que esa confusión y permanente enredo en los que aparece envuelta la Fiscalía se deben a su debilidad de carácter, "a que escucha demasiadas voces dispares y se pierde".
Otros, sin embargo, sentencian que hace demasiados meses que está hasta las narices del Gobierno (y viceversa), "que Gallardón lo volvía loco y que el nuevo ministro de Justicia lo quiere remover desde el primer día que pisó el despacho de la calle de San Bernardo".
Sea cual sea la razón de ese malestar profundo que expresan su cara y sus actos, lo único cierto es que con el episodio de la querella catalana la ha cagado. Y no me refiero a su discutida oportunidad política o, acaso, su inconsistencia jurídica, si es que la tuviera, no, digo que nunca debió haber permitido que los fiscales de Barcelona le dijeran no, que se achantara, dudara luego y, al final, empujado por el Consejo Fiscal (y con seguridad la furia silenciosa del Gobierno) ordenara a la Fiscalía de Cataluña tramitar una querella contra Mas, su vicepresidenta y consejera de Educación por auspiciar una consulta popular acudiendo a la desobediencia, la usurpación de atribuciones judiciales, prevaricando y malversando fondos.
Durante varios días ocurrió algo insólito: unos fiscales catalanes desobedeciendo las órdenes de un superior en un cuerpo que es sobre todo jerarquía. ¿Se imaginan a un capitán de la Guardia Civil pasando de la orden de su general? Hagamos este ejercicio y observaremos hasta dónde llegó la ¿impericia, duda, hastío? de Torres-Dulce.
Cosa diferente es el curso que tomará la querella en su trámite en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las consecuencias políticas que traerá la peripecia. De entrada, Artur Mas la ha recibido como un beso de Madrid en los mismos labios de sus ansias de independencia, y entre los políticos más veteranos de todos los colores abundan las opiniones que se resumen en la palabra error.
De no ser guillotinada la demanda en primera instancia por el presidente del máximo tribunal de justicia de Cataluña y dos magistrados más, y por tanto, prospere en su trámite, será transformada con total seguridad por la propaganda independentista en una denuncia de España contra los 2.300.000 catalanes que acudieron a las urnas ficticias el pasado día 9. Y si, al cabo, declara Mas en el juzgado, igual acude acompañado de 400.000 personas formando otra gigantesca V.
Con independencia de la cara que nos dé el futuro inmediato, lo cierto es que a Torres-Dulce le quedan días al frente de la Fiscalía del Estado. La vicepresidenta y el ministro de Justicia buscan su recambio desde hace días. Es cuestión de que encuentren el momento más propicio para anunciar su relevo.
* Periodista
