Dos días antes de la escenificación oficial de su disolución, la banda terrorista ETA ha comunicado oficialmente por carta «el fin de su ciclo histórico y su función». «Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política», prosigue la misiva enviada a varias instituciones y agentes políticos, en un tono que persiste en revestir de «política» lo que ha sido una actividad violenta y criminal, asesina y amedrentadora de la sociedad y, eso sí, sustentada durante la mayor parte de su trayectoria en organizaciones políticas que, en algunos casos, no han terminado de eliminar esa dependencia aunque hayan condenado la violencia. El tiempo transcurrido desde el último atentado, la sensación en la sociedad vasca y española de que ETA es una reliquia del pasado, incluso el uso en la carta de expresiones que retrotraen a lo peor de los años de plomo (ETA no ha tenido más función que sembrar el terror, la muerte y el dolor), no deben permitir pasar por alto lo substancial: que la banda terrorista ya forma parte de lo peor de la historia de Euskadi y de España. Y eso es una extraordinaria noticia.

A partir de aquí, conviene matizar y recordar algunos hechos. Por ejemplo, que ETA no toma esta decisión por voluntad propia, sino porque fue derrotada por una conjunción de circunstancias: la firmeza democrática de las instituciones españolas y vascas; la repulsa social generalizada; la presión de las fuerzas de seguridad del Estado, y también la evolución del nacionalismo vasco, que --respondiendo a las presiones de los ciudadanos-- de forma mayoritaria llegó a la conclusión de que la banda terrorista era una grave anomalía y no la expresión ni la consecuencia de un conflicto, y tuvo la fuerza de distanciarse de los pistoleros.

En la hora de disolución de la banda terrorista es inevitable recordar a las víctimas, a todas ellas, y no solo a una parte, como cínicamente hizo ETA en el comunicado de hace unas semanas. Han sido 829 muertes en los sesenta años de esta absurda historia, entre los que Córdoba ha tenido víctimas en distintos puntos de españa y, en nuestra ciudad, el asesinato del joven sargento Ayllón en 1996, cuando además intentó sin éxito provocar una masacre con otros exposivos ocultos. El perdón es una cuestión moral; el reconocimiento del dolor infligido es una opción política. Hay muchas heridas abiertas, muchas vidas truncadas y mucho sufrimiento causados por la banda terrorista. Conviene seguir adelante y al mismo tiempo conviene no olvidar. Y las víctimas tienen derecho a una reparación. En la evolución de la sociedad vasca, ETA ya no tiene nada que decir ni nada que aportar ni añadir, su única aportación posible era la que ha hecho estos días: anunciar su disolución. A partir de aquí, se trata de dejar que actúen los mecanismos del Estado de derecho y la democracia.