Una declaración unilateral de independencia de un Gobierno de una comunidad autónoma, impuesta a sus ciudadanos, solo puede calificarse de fascismo. Esto no tiene nada que ver con la tolerancia ni con la flexibilidad territorial, sino con un golpe de Estado y un golpe al Estado. Asistimos a la continuación de un delito económico, de factura política: el uso de los fondos presupuestarios, recaudados a la población con otras finalidades, para gastarlos en la promoción y la publicidad de una causa política que, al parecer, necesita estos dispendios para mantenerse en pie y seguir viva. La traca final, la cacareada declaración unilateral, exigiría la intervención de la Guardia Civil para la defensa de la población. Porque el 61% de los catalanes no desea la independencia, entre otras cosas, por su rechazo a las campañas de manipulación desde medios afines, como TV3, que rechazan el 67% de los encuestados. Si se sometiera la voluntad colectiva, estos ciudadanos necesitarían ser protegidos, como catalanes y españoles, en virtud del artículo 155 de la Constitución. Pero nada puede extrañarnos: Puigdemont, Junqueras y Romeva gobiernan solo para una mitad de la población. Todas sus políticas, sus actuaciones, sus declaraciones, tienen un único fin: la independencia. No les interesa la otra mitad de la ciudadanía, a la que han decidido ignorar; no les interesa el encuentro, ni la convivencia, ni la verdadera democracia, sino la fractura, la demonización del español y el falseamiento de la historia. Nada más. Tampoco quieren recordar la verdad: que ya tuvieron ese referéndum en sus últimas elecciones, a las que se empeñaron en dar el carácter plebiscitario que no tenían, y las perdieron: porque fue mayor el número de votos --por votante-- a partidos no independentistas. Pero los fascistas siempre usan la realidad para elaborar otra a su gusto. Mientras una mayoría de catalanes resiste la embestida, el fascismo independentista se alimenta a sí mismo.

* Escritor