Sorprende comprobar cómo, ante la agresiva campaña mediática emprendida por la multinacional Votorantim para defender sus exclusivos intereses económicos haya agentes sociales y políticos que cuestionen valores tan esenciales de nuestra civilización como la primacía de la salud pública, la legalidad democrática o el legítimo derecho de los ayuntamientos a la planificación urbanística de sus ciudades.
Se nos está planteado un debate con un falso dilema, porque la cuestión no es si se está a favor o en contra del empleo o del medio ambiente; no son estas las verdaderas cuestiones que están en juego hoy en Córdoba.
Se plantea si es juiciosa la existencia de una cementera incrustada en el corazón de nuestra ciudad: ¡Si la legislación vigente prohíbe las fábricas de cemento en los cascos urbanos...! Pero aceptando su existencia, ¿no es socialmente razonable que se rechace la pretensión de incinerar en medio de la ciudad residuos urbanos, plásticos agrícolas, lodos de depuradoras o neumáticos, con las consecuencias que ello acarrearía para la salud de sus habitantes? Eso es lo que concita el unánime rechazo social a la pretensión de Cosmos, rechazo ganado a pulso por sus nefastas actuaciones en el pasado: ¡tenemos memoria y experiencias históricas! Así pues, el problema es una cuestión de salud pública frente a los intereses mercantilistas de la multinacional cuyo objetivo es ganar dinero, de la forma más rápida y con el menor costo posible: la cementera es rentable, pero se aspira a la usura y a la competitividad jugando con la salud de las personas.
El segundo problema es que la fábrica está urbanísticamente amortizada y es razonable --y así se viene reivindicando desde hace muchísimo tiempo--, que el gobierno de la ciudad, en uso de sus legítimas competencias de planificación, pretenda dar una solución viable a este enquistado y viejo problema; y para ello ha ofrecido una solución acertada que, a la postre, se demostrará como ha ocurrido en similares ocasiones (Campsa, Carbonell, Plan Renfe, etc.) es social y económicamente rentable.
Así pues, lo que está en juego no es otra cosa que el derecho fundamental a que el diseño urbanístico de nuestra ciudad se haga en Córdoba, por sus poderes democráticos y en función de los intereses de sus ciudadanos y no por los oligarcas del cementero en base a sus objetivos económicos y desde Sao Paulo; máxime, si aquello es consecuencia de un solemne compromiso electoral avalado unánimemente por todas las fuerzas políticas, aunque, a última hora, el PP lo haya traicionado en un ejercicio de filibusterismo político antidemocrático difícil de justificar.
* Historiador
