No es exagerado decir que en España hay alarma social por el precio de la electricidad. Que la factura de la luz suba cuando hay más demanda por el descenso de la temperatura tendrá lógica desde el puro mercantilismo, pero no se ajusta a la economía social de mercado que consagra la Constitución. El Gobierno y los organismos reguladores deben despejar las dudas sobre el sistema de fijación de precios, por si se estuvieran utilizando resquicios legales para aumentarlos artificialmente en el momento de máximo consumo y máxima necesidad. Las medidas no pueden ser paliativas, sino de choque. La intervención anunciada por el ministro de Industria para forzar a la baja el precio del gas que se usa para producir electricidad es adecuada, pero insuficiente. La Comisión de la Competencia debe actuar con contundencia, porque no es la primera vez que se detectan prácticas abusivas. Una vez se apacigüe esta emergencia, habrá que abordar la complejidad de fondo del asunto. Y el sector debe ser el primer interesado en una mejor regulación que ponga fin a su pérdida progresiva de reputación.
