La Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará el próximo martes ha estado precedida de reuniones preparatorias con el Gobierno en las que, entre otros asuntos, se ha avanzado en uno que interesa mucho a Andalucía: la inclusión de la dependencia en el modelo de financiación autonómica que se pretende consensuar. La factura de la dependencia ha sido uno de los frentes abiertos entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de Mariano Rajoy, al que acusa de no cumplir lo que fija la Ley de Dependencia, a saber, que el Estado deberá financiar el 50% de los gastos. La Junta ha señalado en numerosas ocasiones que se está haciendo cargo del 80% del cuantioso desembolso que supone atender a los 185.000 andaluces que reciben alguna prestación o servicio en este marco legal, y ha reclamado del Gobierno que cumpla sus obligaciones. La presidenta andaluza, Susana Díaz, cifra en 10.000 millones lo aportado por la Junta desde que la ley entró en vigor en el 2006, y valora positivamente el anuncio de que se incluirá la dependencia en el nuevo acuerdo de financiación, pero el pasado viernes insistió en Córdoba en su deseo de poderla ampliar a 230.000 andaluces. El martes sabremos si la negociación llega a buen fin. Debe hacerlo, pues garantizar la atención a personas que no pueden valerse por sí mismas y carecen de medios económicos debe formar parte del ADN de nuestro sistema y del estado del bienestar.
