Las encuestas electorales están siendo cuestionadas tras los resultados del 26-J, sobre todo por haber sobrevalorado el voto de Unidos-Podemos (dando por seguro el sorpasso) y haber minusvalorado el del PP. Los porcentajes de voto asignados a PSOE y C’s se han ajustado bastante bien a lo pronosticado.
Para debatir sobre este asunto, hay que tener en cuenta que la capacidad predictiva de las encuestas electorales es limitada, sobre todo si se pretende estimar escaños en el marco de una ley electoral como la española (ley d’Hont) y en circunscripciones uniprovinciales. Predicen bien el voto si las elecciones se hicieran justo en el momento en que se realiza el trabajo de campo, pero su capacidad de predicción se reduce conforme aumenta la distancia respecto a la fecha de las elecciones.
Además de la fecha en que se realiza el trabajo de campo, el acierto de las encuestas depende de otros factores: el tamaño y composición de la muestra; el modo de realizarlas (si presencial o telefónica), la profesionalidad de los encuestadores... Esos factores están condicionados por los recursos económicos de que dispongan las empresas demoscópicas. Si los recursos son bajos, las muestras serán pequeñas, no habrá control de calidad para garantizar que la estructura de la muestra sea la correcta, se utilizarán listados telefónicos ya obsoletos, los encuestadores estarán mal remunerados y harán las encuestas de forma apresurada... Otro factor que limita el grado de acierto de las encuestas es la idoneidad del método utilizado para imputar a quien no ha respondido a la pregunta sobre intención de voto una probabilidad de votar a uno u otro partido, según su respuesta a otras preguntas del cuestionario (valoración de líderes, recuerdo de voto, índice de rechazo o confianza a determinados partidos...). Es la llamada «cocina», imprescindible en toda encuesta que aspire a estimar escaños.
En el caso de las pasadas elecciones de 26-J, y dando por supuesto que los factores antes citados han sido los correctos en todas las empresas demoscópica (lo cual es mucho suponer), creo que hay un factor que podría explicar las dificultades que han tenido las encuestas para estimar el voto del PP y de Unidos Podemos, y su escaso acierto en la asignación de escaños. Me refiero a la incidencia de acontecimientos que pudieron alterar la percepción ciudadana de la situación política en los últimos días, pero que no fueron detectados por unas encuestas que, por razones legales, solo se podían publicar la semana anterior. Entre esos hechos destaca el referéndum británico sobre la permanencia en la UE, que impactó en la opinión pública como una piedra arrojada en un estanque. Dado lo inesperado de la victoria del Brexit, se produjo un pánico generalizado en los mercados bursátiles y, de paso, se creó una situación de incertidumbre en la población.
En condiciones tan volátiles, no es descartable que, al igual que muchos inversores se refugiaron, ante el miedo al Brexit, en valores seguros (dólar, oro...), un porcentaje no despreciable de electores decidiera cambiar su voto entre el viernes y el domingo para refugiarse en las opciones tradicionales (PP y PSOE). Prefirieron no arriesgar con unos nuevos y bisoños partidos (C’s y UP) que poco sólido habían ofrecido en una campaña electoral bastante anodina, de mucho márketing, pero de escasas y atractivas propuestas.
En el caso de los tradicionales votantes de IU, es probable que la preocupación e incertidumbre de los últimos días los llevara a dudar sobre su apoyo a la coalición con Podemos. Dada su histórica fobia socialista, habrían elegido abstenerse o votar en blanco como forma de expresar así su descontento con el modo como se había realizado el pacto entre Garzón e Iglesias.
Ese cambio de actitud del electorado de derecha y de izquierda no pudo ser recogido por las encuestas, debido, como he señalado, a la prohibición de publicar sondeos de opinión en la última semana. Pensemos que el trabajo de campo de la encuesta del CIS se realizó en el mes de mayo, y el de las últimas publicadas por empresas como Metroscopia o Sigma 2 tuvo lugar dos semanas antes de la fecha de las elecciones.
Ello explicaría el ascenso final del Partido Popular (con un aumento de más de 600.000 votos), la pérdida de casi 400.000 votos de C’s, y que el PSOE mantuviera prácticamente sus votos en torno a los 5 millones y medio evitando el sorpasso de Unidos-Podemos (que perdió más de un millón de votos respecto a lo que obtuvieron por separado los dos partidos el 20-D).
Todas estas cuestiones habrá que analizarlas en los estudios postelectorales que suelen hacerse. En todo caso, hay que admitir que las encuestas electorales tienen una limitada capacidad predictiva, aún menor a la hora de estimar el número de escaños. Está bien que las empresas demoscópicas debatan sobre lo que ha ocurrido, que mejoren sus métodos de muestreo y de estimación y que destinen más recursos económicos a su realización. Pero nunca aumentará su capacidad de predicción si la fecha del trabajo de campo se distancia mucho del día de las elecciones.
Por eso, es perentorio exigir que se elimine la absurda norma de prohibir la realización de encuestas en los días previos a la fecha electoral. Y una última petición: no hagamos encuestas a pie de urna que solo sirven para desprestigiar a la profesión y a entretener durante tres horas a los espectadores y oyentes hasta que se conozcan los primeros resultados reales.
