Me había prometido no volver a escribir sobre Cataluña, pero la proximidad de las elecciones lo hacen inevitable. Aunque no queramos, y aunque este año la campaña comercial de Navidad esté siendo más fuerte que antes de la crisis, el monotema catalán es una parte esencial de las conversaciones públicas y, por tanto, de la agenda política española. Es triste constatar que una sociedad rica y, en teoría, educada, como la catalana (y la española), puede ser manipulada hasta el límite de que se olviden los problemas reales de la gente, y la agenda política sea copada por la expresión agresiva de sentimientos en la esfera pública bajo la apariencia de principios políticos. Es sorprendente que una comunidad de más de 46 millones de personas viva pendiente de las consecuencias de un problema emocional, pues esa es la base del nacionalismo (los independentistas basan toda su razón política en que no se «sienten españoles»), y no le dedique el mismo esfuerzo a resolver el problema del paro que afecta realmente al bienestar (económico, psicológico, también emocional), no sólo a los 3,7 millones de españoles que lo sufren, sino de sus familias. O que no se esté abordando con la misma intensidad los temas críticos de las causas profundas de la corrupción política, el problema de las pensiones en el medio plazo, la financiación de la dependencia, los guetos en nuestras ciudades, la educación, el cambio climático, la amenaza cibernética o la construcción europea, por citar sólo algunos temas importantes para la ciudadanía, también la que vive en Cataluña.
Es evidente que las elecciones catalanas del 21-D no son unas elecciones autonómicas normales. Y no lo son por tres razones fundamentales que las hacen únicas. La primera es por la causa, el origen, de la convocatoria, pues es la primera vez que unas elecciones autonómicas no se convocan siguiendo los procedimientos establecidos en los mismos Estatutos de Autonomía, sino como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La segunda es que la campaña, lejos de centrarse en las propuestas que hacen los distintos partidos para el conjunto de competencias que tiene una Autonomía en España, es decir, en la gestión de la sanidad, la educación, la ordenación del territorio, la dependencia, la cultura, la protección de la naturaleza, la mejora de las empresas, la lucha contra el paro y la exclusión social, etc, se está centrando en un imaginario y confuso dilema sobre el procès de independencia. Un proceso político que está realmente muerto, pues por muchos escaños que tengan los partidos independentistas no pueden mantener el pulso de la calle, ni el desafío revolucionario, una vez perdido el factor incertidumbre (la imprevisibilidad de cada movimiento), se va contrarrestando el relato y se enfría la movilización.
Y la tercera es que, dada la inmensa fractura que se ha producido en la sociedad catalana y la fragmentación ideológica, no hay posibilidad de gobernabilidad. El único resultado del proceso ha sido la aniquilación de Cataluña como comunidad. La división que se ha producido en la sociedad catalana es tan profunda que es incluso mayor que la que puede rastrearse con el resto de España, tiene más difícil solución, y eso se va a manifestar en los resultados electorales. Más aún, de cumplirse las encuestas que se han publicado, la única posibilidad de investir un Gobierno es el independentista, pues Podemos apoyaría, a pesar de su retórica de la equidistancia, antes a una coalición liderada por Esquerra que otra liderada por Ciudadanos, lo que llevaría a otra legislatura estéril en porque el debate independentista lo volvería a ocupar todo.
En definitiva, las elecciones catalanas, en mi opinión, ya tienen un resultado evidente: pase lo que pase, pierde Cataluña. Ya las han perdido todos los catalanes, pues a nadie ha beneficiado el proceso. Ahora lo que nos queda sería evitar que perjudique al resto de los españoles y, para ello, quizás lo mejor sería volver a hablar racionalmente de lo que importa.
* Profesor de Política Económica. Universidad Loyola Andalucía
