Ante la anunciada decisión del Ayuntamiento de aprobar definitivamente el Plan Especial de la carretera de Palma del Río, desde la Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba Futura consideramos un deber de conciencia ciudadana trasladar a la opinión pública y a los responsables políticos municipales algunas consideraciones sobre la trascendencia que tendría dicho acuerdo para la ciudad y para la ética política, haciéndoles un llamamiento para que reconsideren su posición.
Las determinaciones del mencionado Plan Especial no se ajustan a las previstas en nuestro vigente Plan General de Ordenación Urbana y por tanto no atienden a las exigencias de la legislación urbanística debido a que definen un modelo de ocupación y usos del suelo que difiere del modelo de ciudad-territorio que se establece en el referido PGOU para los terrenos objeto de ordenación.
El informe técnico-jurídico emitido en su día por la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía así lo pone de manifiesto señalando deficiencias sustantivas que no han sido subsanadas. El hecho de que el informe no tenga carácter vinculante no exime al Ayuntamiento del cumplimiento de la legalidad, es más, la no atención de dichas deficiencias habilitaría a la Junta de Andalucía para impugnar la decisión municipal.
Parece evidente que el objetivo del Plan Especial es atribuir a los terrenos de la antigua Colecor --propiedad de Rafael Gómez, líder político de UCOR-- el aprovechamiento urbanístico necesario para que se pueda legalizar la mayor parte de las edificaciones realizadas sin la preceptiva licencia, es decir, de manera absolutamente ilegal. Aun cuando es cierto que la infracción urbanística ha sido objeto de una cuantiosa sanción económica, no solo no se ha satisfecho su pago, sino que el infractor se jacta públicamente de que no lo va a hacer y de que tampoco tiene intención de demoler las edificaciones, ni siquiera parcialmente.
Su osadía llega al extremo de denunciar un trato de favor del Ayuntamiento para las empresas que se han instalado en su entorno, aunque éstas lo hayan hecho en terrenos calificados y urbanizados legalmente.
Los terrenos que constituyen el ámbito del Plan Especial tienen una situación territorial que cabría calificar de relevante, singular y estratégica, entre otras razones, por su proximidad al entorno del Conjunto Arqueológico de Medina Azahara y al pie de la falda de la Sierra Morena cordobesa, de altos valores culturales, ambientales y paisajísticos, por lo que su ordenación reviste una especial importancia y singularidad para el futuro urbanístico-territorial de la ciudad. La toma en consideración de estas circunstancias de manera adecuada requiere una nueva iniciativa de ordenación que, dada la importancia del lugar, debería ser objeto de un concurso de ideas que, entre otras cuestiones, contemplara los trabajos de ordenación territorial que se vienen desarrollando para el área metropolitana de nuestro municipio y los de su entorno.
El conjunto de las razones de índole urbanístico-territorial expresadas someramente cabría refundirlas en una: la obligación de nuestros representantes políticos de oír y atender con sensibilidad la voz de la ciudadanía. La aprobación de este Plan Especial se ha calificado en los medios de comunicación cuando menos de "vergonzosa". En estos tiempos en los que la política alcanza sus máximos niveles de desprestigio entre la ciudadanía, decisiones como ésta evidencian aún más su alejamiento de los intereses ciudadanos.
Es muy difícil de entender que en un contexto de permanente confrontación partidista --legítima y obligada a veces-- pueda aprobarse este Plan Especial por unanimidad, lo que nos podría llevar a pensar que los intereses que se han tenido en cuenta no son ni los ciudadanos ni los urbanísticos. El hecho de que el partido del infractor esté de acuerdo con el plan propuesto habla por sí solo de a quién favorece.
*Asociación para el Progreso y la Modernización de Córdoba Futura
