Desde CCOO, estamos convencidos de que la situación laboral de las personas con discapacidad sigue exigiendo de un conjunto de medidas de carácter transversal en materias como educación, formación, sanidad, servicios sociales y empleo, políticas alejadas del asistencialismo y de la beneficencia. Se trata, por tanto, de una necesaria y perfecta coordinación entre todas las administraciones con competencia para garantizar la coherencia y efectividad de las políticas encaminadas a una mayor integración e inserción sociolaboral. Si no se combaten los problemas de base, las ayudas al sector acaban convirtiéndose en un fin en sí mismo y no en un medio a través del cual conseguir la efectiva integración de las personas con discapacidad.

Para CCOO, el acceso al empleo de las personas con discapacidad constituye uno de los pilares principales para asegurar el pleno desarrollo de todos los derechos y libertades fundamentales, y para romper todas las barreras que impiden la plena integración de estas personas, evitando la marginalidad y la discriminación del acceso a un empleo digno. Esa es una de las razones por la cual las normativas, tanto a nivel estatal como autonómico, deben estar orientadas hacia el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, un trabajo digno y libremente elegido, acorde con el perfil profesional y formativo, en un entorno abierto, inclusivo y accesible. Es precisamente esta noción de libertad en la elección de profesión y oficio la que exige replantear una aproximación que determinadas políticas públicas deben realizar, cuando pretenden promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo.

Una cosa es favorecer la igualdad, impulsando medidas de promoción y de lucha contra las discriminaciones, especialmente en el mercado laboral y otra muy distinta que, al hacerlo, se pierda de perspectiva a la persona y su capacidad de decisión. Ello acaba forzando situaciones que revierten, paradójicamente, en contra de la inclusión laboral, o acaba forzando entornos hostiles o estresantes para las personas con discapacidad, frente a los cuales, tampoco se proponen soluciones.

Cabe preguntar si ha llegado el momento para llevar a cabo una reforma estructural de la normativa y de las políticas de apoyo a la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo tanto protegido como ordinario. El papel que hasta ahora ha conseguido la cuota de reserva del 2% en las empresas con más de 50 trabajadores, que tanto defendimos y que seguiremos defendiendo como sindicato, resulta poco significativo, entre otras razones, por la alta preferencia observada en las empresas por las medidas que permiten el cumplimiento alternativo de esta obligación legal, y por el escaso seguimiento que la autoridad laboral viene haciendo de ella. En este sentido no existe un compromiso más activo de dichas autoridades en la exigencia del cumplimiento de la cuota de reserva del 2%, necesidad que sin duda se desprende del hecho de que en 2014 sólo 129 empresas fueran sancionadas por infracciones relacionadas con la integración laboral de personas con discapacidad, a pesar del evidente incumplimiento de la norma.

Por otro lado, cabe recordar que existe el riesgo de plantear cambios normativos en un contexto actual de crisis económica, cambios que pueden ser orientados estrictamente hacia al ahorro de recursos, las políticas de recortes y una mera redistribución diferente de los recursos dentro del sector dejando de lado la búsqueda de una mayor eficiencia y efectividad del empleo de las personas con discapacidad.

De todas maneras, creemos que se deben adoptar medidas que garanticen en todo momento la libertad a las personas con discapacidad para trabajar en aquellos entornos que les puedan resultar más favorables. Entornos acordes con el perfil profesional y académico de estas personas. Se trata de abogar decididamente por empoderar a las personas con discapacidad sobre su carrera profesional, ya que sólo de esta manera puede garantizarse que ésta sea real y efectiva. Ello tiene una especial relevancia en relación con el debate abierto sobre el papel del mercado protegido en relación con el mercado ordinario y la necesidad de que el empleo protegido se conciba como puente o transición hacia la inserción en el mercado ordinario.

* Secretario de Política Social

de CCOO de Córdoba