Tres años después de los hechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Gobierno español por las acciones llevadas a cabo en la ciudad autónoma de Melilla en relación con dos jóvenes de Mali que fueron expulsados y devueltos en caliente a Marruecos. Es decir, sin que tuvieran la posibilidad ni tan solo de identificarse, de explicar sus circunstancias personales o de hacer valer sus derechos contra las expulsiones colectivas. El tribunal considera, a pesar de las alegaciones del Gobierno, que los dos inmigrantes ya se hallaban en territorio español y que, en consecuencia, podían acogerse a un recurso efectivo que les amparara jurídica y personalmente, con asistencia médica incluida. La sentencia es un nuevo jarro de agua fría para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que ya acumula otras notables deficiencias en relación con la política de acogida, desde el lamentable porcentaje en el cupo de refugiados hasta la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Respetar los derechos de las personas que, arriesgando la vida, intentan encontrar en España un lugar para vivir no solo es una obligación moral sino también un compromiso con las convenciones europeas de derechos humanos. Algo que, ciertamente, tendría que hacer recapacitar al Gobierno, no solo por la necesidad de cumplir con los parámetros legislativos continentales sino por el simple hecho de tratar a los inmigrantes como personas.
