Vaya por delante que esto de los ERE irregulares y cursos de formación ficticios, amén de otros imaginativos sistemas destinados a ir robando el dinero público con más o menos gracia, no es cosa que ataña únicamente a Andalucía. Es más, convencida estoy de que ni una sola comunidad autónoma puesta en revisión saldría limpia.
Ahora, si, como argumenta con exceso de pasión la juez Mercedes Alaya, los fondos de los ERE los creó la Junta de Andalucía para hacer de su capa un sayo y mangonear a su gusto --y no para afrontar, con el objetivo de mantener la paz social, el grave problema de los múltiples despidos colectivos y los miles de trabajadores en la calle-- eso habría que demostrarlo, me parece.
La corrupción lleva unos años aflorando en España, flotando como sucia espuma sobre la indignación pública y permitiéndonos descargar nuestras irritaciones en estos y aquellos sinvergüenzas que se lo pulen todo mientras el país se hunde. La corrupción, decía, asemeja historia interminable, cuento de panypimiento sin fin, hilo que mantiene unidas todas las costuras de los trajes patrios, alianza de silencio en el que todos alguna vez hemos mirado para otro lado (sí, usted y yo nos hemos ido de la consulta privada del médico sin la factura, por no hablar del manido ejemplo del fontanero) y desesperante desfile de ingenios que tan provechosos hubieran sido a la sociedad si no fuesen unos mangutas. Y desfile también de gente a la que ves tan tonta que no te lo explicas, hasta que te das cuenta de que solo se trata de concentrar los esfuerzos en ello. Ya saben, "¿de qué quiere el tonto el bocadillo? Pues de jamón mismo".
Pues igual que me duele que pongan la diana de la corrupción en Andalucía, mientras escapan con cara de serios los corruptos catalanes --una corrupción más grave y censurable, dado que Cataluña es tierra más rica, más seria empresarialmente o eso nos creíamos y con menos excusa para hacer estas felonías-- y no digo de los madrileños, valencianos o gallegos, que nos separarán los nacionalismos, pero hay que ver lo que iguala a los pueblos eso de meter la mano en la caja.
Ahora la juez Alaya tira de un nuevo hilo de la UGT-A, y la investigación de la Guardia Civil descubre unos curiosos mecanismos con los que los dirigentes sacaban su rapel de las subvenciones, en un sistema tan asentado que hasta tenía su propia contabilidad paralela. A los secretarios generales de UGT-A aquellos años, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, cabe decirles que si los hechos se confirman tendran la gravedad extrema no solo del dinero público detraído irregularmente, sino la terrible responsabilidad de haber fallado a los trabajadores contribuyendo al desprestigio sindical cuando más necesarios son los sindicatos y la defensa de los derechos laborales. Si encima han sacado de ahí sobresueldos, habrán confirmado esa injusta percepción social de que los sindicatos no sirven para nada y están llenos de aprovechados. Qué disgusto.
