Noventa millones de euros anuales. Es la estimación de lo que el erario andaluz dejará de percibir cuando entre en vigor en enero próximo la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ha elevado a un millón de euros el mínimo exento por heredero en las herencias de padres a hijos. Esa es la condición que puso Ciudadanos en su negociación con el PSOE sobre los Presupuestos de Andalucía para el 2018, y el acuerdo alcanzado entre los equipos de Susana Díaz y Juan Marín supone, en la práctica, que la presidenta andaluza podrá llegar al final de su mandato en un clima de estabilidad. Por ende, Andalucía será la primera autonomía con su proyecto presupuestario al día, lo que debería traducirse en eficiencia y agilidad de la puesta en marcha de inversiones y medidas de atención social.

No obstante, hay sacrificio para las arcas andaluzas, pues Sucesiones es el impuesto directo que más aporta, cerca de 380 millones de euros en el ejercicio pasado (en torno a 40 millones en Córdoba). La caída recaudatoria ya será evidente al cierre del 2017 --Podemos la cifra en 130 millones--, año en el que se ha elevado a 250.000 euros el mínimo exento por heredero, también por un acuerdo entre PSOE y C’S que, en realidad, es el que afecta a más contribuyentes. Sobre el pacto actual, la Junta estima en unas 200 las declaraciones que superan el millón de euros por heredero. Pero ha habido una opinión casi generalizada de los andaluces a favor de la eliminación del impuesto, por más pedagogía que haya querido hacer el Gobierno andaluz explicando que las renuncias a las herencias se deben en mayor medida a las cargas que estas conllevan (deudas, hipotecas) y que otros pagos, como las plusvalías, encarecen la factura que pagan los herederos. Por eso el PSOE insiste en exigir al Gobierno que unifique este impuesto en todo el territorio.

Pero Ciudadanos ha peleado su posición y ha conseguido este acuerdo, que mejora incluso las míticas condiciones de la Comunidad de Madrid, y deja al PP sin una de sus banderas, si bien Juanma Moreno exige un mínimo exento para los herederos que son sobrinos o hermanos, que quedan fuera del acuerdo. En el lado contrario, la indignación de Podemos y de IU, que estiman que se detraen a favor «de los ricos» recursos de Andalucía, postura que comparten CCOO y UGT. Mientras, la patronal CEA expresa satisfacción por este pacto (que también exime de pago a la donación de negocios familiares por debajo del citado millón de euros) y valora especialmente que Andalucía tenga estabilidad «en este momento delicado de la política española». Lo cierto es que Andalucía tiene ahora una posición más firme en el debate de la financiación autonómica, y que, si cumple su objetivo de reforzar en el 2018 la sanidad, la educación y la renta mínima de inserción, podrá favorecerse ese objetivo de crecimiento en unos tiempos demasiado convulsos.