Un jurista al que quiero mucho me ha facilitado un gran libro: Elogio de la Duda, de Victoria Camps. Es tan fantástico lo que he leído hasta ahora que solo con el prólogo me he sentido en la obligación de aludirlo. Porque la duda te hace profundizar en los dilemas y te conduce a una solución más justa. No debemos precipitarnos con verdades absolutas porque la razón es infinita y siempre hay un camino más acertado. Lo contrario acarrea no solo intolerancia sino graves errores de imposible reparación. Y todo esto lo digo hoy en referencia a los expedientes de la administración autonómica llamados Expedientes Provisionales de Desamparo. Eso es cuando a la administración le llegan datos de que ciertos menores podrían convivir en el seno de familias socialmente conflictivas, o sea, de padres no idóneos para aportar un digno y libre desarrollo a la personalidad a sus hijos menores. Independientemente del factor suerte al que todos los padres ponemos velas, con todo respeto pienso que algunos de esos expedientes pudieran rezumar frivolidad de un Estado que se autodenomina social y de derecho para con sus ciudadanos nacidos y criados en zonas en riesgo exclusión. En la mayoría de los casos, las situaciones de hecho informan de infinitas dificultades: ambientes machistas, pobreza, poca formación, métodos brutos, delincuencia de supervivencia... En dichos entornos no solo sufren los niños sino todo el núcleo familiar. Sin embargo, el amor familiar, equivocado o no, en muchísimos supuestos es sincero hasta el punto de que estos progenitores no dudarían en dar la vida por sus hijos, cosa que no haría ningún tramitador público del procedimiento en cuestión. Es cierto que estos asuntos comienzan con el carácter de provisional, es decir, se intenta trabajar en pro de la normalización, pero ya el nombre comienza injustamente: Expediente Provisional de Desamparo. Porque la realidad social es que en situación de desamparo no solo se encuentran los menores sino también la madre. Pero la administración achaca toda la responsabilidad del retraso social a ella, en una postura cómoda por no decir fascista. Porque ella sufre una descarada impotencia por motivos relacionados con los peligros de la marginalidad. Y algunos de estos expedientes terminan con la decisión pública definitiva de entregar en adopción. Me pregunto cuántos y cuantos niños sufrieron situaciones límites durante la posguerra civil española y no fueron privados de sus padres. La realidad es que en ámbitos marginales los desamparados no solo son los niños sino también los padres. Por tanto, cuando la mal llamada solución es la privación de la patria potestad, el Estado ha fracasado en su presumido y pretendido carácter social.

* Abogado