Ante el proceso secesionista, además desabrido y abstruso, promovido por una parte de la clase política catalana, la más arrogante, radicalizada, fanática, hostil e intransigente, situada por tanto en la razón de la sinrazón como en la total ilegalidad, no cabe vacilación de forma alguna, por parte sobre todo de la alta institución nacional que tiene obligación ejecutiva y el deber de actuar en primera fila, con firmeza, celeridad y coherencia, en defensa de la unidad territorial de España y de la igualdad de derechos de todos los españoles, garantizando el común ámbito de convivencia. Si bien realizándose con serenidad dentro de lo ordenado por las normas constitucionales, conjunto de mandatos jurídicos de obligado cumplimiento, como preservándose con los cauces institucionales del Estado bajo el protector paradigma de la ley sobresaliente asidero en cruciales momentos.
España en su totalidad territorial es patria común e indivisible de todos los españoles. Una indivisibilidad que los jueces tienen el deber y la obligación de defender por mandato directo, rechazando de plano aquellas voluntades unilaterales de los que consideran apropiada a sus intereses la única alternativa de la ruptura del todo o la separación de una de sus partes como mecanismo de preservación de lo que consideran más propio, que siendo inaceptable violenta la misma democracia, pues ningún principio democrático podría legitimar que tal que así se dispusiera.
Nadie penará, con el desafío separatista, por cumplir la norma constitucional. La judicatura, el Poder Judicial único, tendrá que ser fuerte e independiente, y la mejor garantía de la libertad y la igualdad de los españoles, con el deber de amparar a todos nuestros servidores públicos, de cualquier clase que estos sean, si están encargados de hacer cumplir la ley en doquier parte del territorio nacional, asegurándoles los derechos que les reconoce la Constitución, máxime si se da el caso que esos ciudadanos o funcionarios se sientan atenazados o amenazados cuando emprendan el ejercicio legítimo de esos derechos.
* Doctor Ingeniero Agrónomo. Licenciado en Derecho
