El decreto pactado por el PP y el PSOE para evitar un colapso judicial por la aplicación de la sentencia judicial europea contra los abusos en cláusulas suelo en los créditos hipotecarios no ha conseguido el objetivo que pretendía. Los afectados no han encontrado en esa norma una fórmula que les permita recuperar el dinero que pagaron inapropiadamente a las entidades bancarias. De igual manera, los bancos están prefiriendo la litigiosidad a la eficiencia, entre otros motivos, porque les resulta más fácil de soportar que a los afectados. La práctica, pues, ha demostrado lo evidente: el decreto sin el apoyo de las partes es papel mojado y los bancos no están dispuestos a reconocer sus propios errores y enmendarlos sino es por mandato judicial. Llegados a este punto, el Gobierno debería como mínimo atender a las demandas del Consejo General del Poder Judicial e incrementar los medios materiales de los juzgados que deben ahora hacerse cargo de este desaguisado. De igual manera, Gobierno y PSOE deberían explorar cualquier posibilidad que tengan a su alcance de presionar a la banca en el sentido de obligarla a asumir las responsabilidades que un tribunal europeo ha determinado. Si los bancos no tienen la sensación de que las instituciones políticas van a defender inequívocamente a los ciudadanos no se sentirán obligados a reaccionar. Una reacción de la que no solo depende su cuenta de resultados y su suerte judicial sino también su reputación.